GRANADA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio previsto hoy en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada contra un funcionario municipal, de iniciales N.T.A., por supuestamente almacenar más de 23.500 archivos de contenido pedófilo descargado de Internet, ha sido aplazado 'sine die' y por segunda vez por enfermedad del acusado, que padece una depresión, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Al procesado, que identificado con motivo de la conocida 'Operación Santiago' contra la distribución de pornografía infantil de la Guardia Civil, que se desarrolló a nivel nacional, se le imputa la posible comisión de un delito de corrupción de menores -difusión de materiales pornográficos que afectan a menores de 13 años- previsto en el artículo 189 del Código Penal, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de seis años de cárcel.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, El 20 de julio de 2007 se detectó por la Policía Judicial en la provincia de Granada el intercambio de 19 ficheros identificados por su contenido pedófilo desde el domicilio del procesado que se enjuiciará mañana, funcionario en el Ayuntamiento de Granada.
El 15 de octubre del mismo año se entró y registró su vivienda, donde se hallaron un ordenador de sobremesa y otro portátil, así como diversos soportes de almacenamiento.
Del análisis del material, que fue precintado y remitido a los laboratorios de la Guardia Civil, se desprende que el acusado era conocedor de que intercambiaba material pornográfico concerniente a menores de edad, incluso menores de 13 años, al emplear términos de búsqueda tanto en los sistemas de intercambio como en los foros de pedófilos de términos que delataban dicha edad.
BUSCÓ INFORMACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN AL RESPECTO
Igualmente, según continúa el Ministerio Fiscal, N.T.A buscó información legal sobre los límites de edad, ya que contaba con dos ficheros sobre legislación en materia de delitos de pornografía infantil.
El procesado almacenaba el material pornográfico en los soportes digitales ordenándolos en función de su contenido para su uso. Le fueron incautados 23.519 archivos en diversos formatos en los diversos soportes digitales hallados en su domicilio. Además, en su ordenador de sobremesa tenía una carpeta cifrada con 5.346 archivos, con un volumen de 1,44 gigabytes de almacenamiento, cuyo contenido es supuestamente pedófilo.
El fichero más antiguo hallado en sus sistemas informáticos data del 30 de diciembre de 2006. Tenía también el inculpado acceso a foro y materiales informáticos en línea y en los registros históricos de los intercambios realizados a través del programa 'Emule' aparecen "numerosas" referencias de haber sido descargados ficheros o archivos relativos menores de 13 años.
PROCLIVE
La Fiscalía considera que el inculpado tiene tendencias sexuales que le hacen proclive a satisfacer su libido con material audiovisual que representa a menores de edad en posturas, comportamientos o actos sexuales explícitos.
La 'Operación Santiago' se realizó bajo la dirección del Servicio de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal. El grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo policial de rastreo del intercambio de ficheros o archivos de contenido pedófilo o pederasta a través de redes P2P, mediante el empleo de los programas forenses de investigación 'Hispalis' y 'Nautilus'.
Éstos efectúan un seguimiento de las identificaciones Hash de los archivos de intercambio y de las direcciones IP de los ordenadores donde se hallan alojados, seleccionando aquellos equipos que han intervenido en el número de intercambios que se determinen. En el caso de la 'Operación Santiago', se determinó una participación mínima de intercambio de al menos cinco ficheros, para descartar a aquellos usuarios que pudieron haber descargado alguno por error.
El grupo de Policía Judicial realizó una búsqueda inicial desde el 11 al 24 de julio de 2007 en las redes 'Edonkey' y 'Ares' y otra más específica en 'Ares' del 3 al 5 de agosto. Como resultado se obtuvieron 98 objetivos -usuarios- en territorio español que cumplían los requisitos de cantidad de ficheros intercambiados.
Tras determinarse la identificación de dichos usuarios con los abonados telefónicos titulares de las líneas de datos de soporte, se solicitaron las correspondientes autorizaciones judiciales de entrada y registro el 14 de agosto de 2007.
