La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal sobre la posible destrucción de documentos en la Diputación de Granada, que podría suponer un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y por la rueda de prensa que ofreció el PP informando del asunto que, de no ser cierto, podría incurrir en un delito de calumnias.
En la resolución, hecha pública este martes por el PP en rueda de prensa, el Ministerio Público recoge tanto la denuncia que en su día presentó el actual presidente de la Diputación en funciones, Antonio Martínez Caler, como la que presentó a su vez, un día después, el PP, que acompañó a su escrito varios recortes de prensa en los que se informaba de facturas de la institución supuestamente encontradas en la basura.
Según expuso en el documento Martínez Caler, el PP, concretamente su secretaria general en Granada, Luis García Chamorro, y su portavoz en la Diputación, José Robles, manifestaron que varios camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación para destruirla algo que es, según señalaba, una afirmación "radicalmente falsa". Por su parte, el PP apuntaba en su denuncia que había tenido conocimiento de unos hechos que podían revestir indiciariamente carácter de delito aportando informaciones periodísticas sobre la supuesta destrucción.
Las dos denuncias son objeto ahora de una investigación conjunta por parte de la Fiscalía, que considera que los hechos relatados en ambos documentos revisten "prima facie y sin perjuicio del resultado" de la investigación, relevancia penal, concretamente de un delito de calumnias y de otro de infidelidad en la custodia de documentos.
Asimismo, en lo referente a la posible destrucción de documentos, lo denunciado podría enmarcarse en una posible infracción al régimen de tratamiento de los datos personales, lo que podría conllevar actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente, señala la fiscal jefe, Ana Tárrago, en el decreto, "puede desprenderse de la denuncia interpuesta que pudieran haberse realizado determinadas actividades contables no ajustadas a las disposiciones relativas a la legislación contable".
Por todo ello, el Ministerio Público resuelve que se libre oficio a la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para que practique cuantas diligencias estime convenientes en el esclarecimiento de los hechos denunciados.