SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que ha sido el Gobierno andaluz el que "ha marcado la senda" para la recuperación de la jornada de 35 horas para todos los empleados públicos del país, una medida que ha saludado que se haya acordado entre el Gobierno central y las organizaciones sindicales y que ahora espera que vea la luz en forma de legislación "a la mayor brevedad posible".
Así se ha pronunciado Montero ante el Pleno del Parlamento andaluz en una comparecencia, solicitada por el PSOE-A, a fin de informar sobre las medidas previstas durante el ejercicio presupuestario del 2018 dirigidas a los empleados públicos en Andalucía.
Montero ha afirmado que desde la Junta asisten "con esperanza" a que el referido acuerdo "vea la luz en forma de legislación a la mayor brevedad posible", a la par que ha felicitado a las organizaciones sindicales de Andalucía porque "su contribución han permitido orientar a sus representantes estatales para que se pongan en valor elementos tan importantes como la recuperación de la jornada de 35 horas".
Así las cosas, ha afirmado que lo ocurrido con las 35 horas ha sido "un despropósito" cuando ha criticado que el Gobierno central, a los nueve meses de haberse aprobado esta medida en Andalucía, "decidió recurrirlo al Tribunal Constitucional, algo que no se entiende si posteriormente el Ejecutivo de Rajoy pensaba que podía ser objeto de la negociación colectiva".
"La obstinación de la jornada ha tenido que ceder el paso", ha apostillado Montero, quien ha recalcado que las organizaciones sindicales "pusieron como elemento indiscutible que o se aprobaba para toda España la posibilidad de negociar la jornada o, a pesar de los incrementos retributivos, no habría pacto que permitiera llegar a un acuerdo".
Por eso, ha saludado que ahora se abra un "nuevo camino" para recuperar este derecho, mientras ha subrayado desde Andalucía "trabajaremos en diferentes iniciativas para desarrollar, cuando se aprueben, la totalidad de los acuerdos que se contemplan, convencidos de que necesitamos revitalizar los servicios públicos".
"Una vez que ese acuerdo sindical tome carta de naturaleza en materia legislativa, tendremos la oportunidad de haber marcado la senda en cuanto a la jornada laboral de 35 horas y, por otra parte, haber conseguido también que elementos como las ofertas de empleo público tengan elementos de continuidad del futuro", ha agregado.
En este sentido, ha reclamado al Gobierno central que, en caso de no sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, "arbitre un decreto ley que haga posible que los derechos acordados se puedan plasmar en el 2018". "Espero que no se quede escondido detrás de los PGE para justificar que no suben las condiciones retributivas o laborales" de los empleados públicos, por eso la Junta va a estar "muy pendiente" de que estos acuerdos se plasmen en la realidad.
Entretanto, Montero ha querido poner en valor el esfuerzo de los más de 270.000 empleados públicos andaluces que durante los años de crisis han mantenido la calidad de los servicios a pesar de haber sufrido un deterioro en sus condiciones laborales por "ajustes, recortes salariales o por la suspensión de derechos conquistados".
En este sentido, y tras asegurar que la Junta siempre ha tenido claro que todas las medidas adoptadas sobre este colectivo "debían ser transitorias y reversibles", ha contrapuesto las decisiones del Gobierno andaluz en favor del empleo público frente a las medidas adoptadas por el Gobierno central, "que no buscaban dignificar su labor ni mejorar los servicios, todo lo contrario, hubo medidas que destruyeron masivamente trabajo público".
Así, ha acusado al partido de Rajoy de aprobar medidas que, entre otras cosas, "suspendieron derechos, eliminaron pagas extraordinarias, y un paquete de medidas que dejaban sin efecto lo que los empleados públicos consiguieron por negociación colectiva" y que, además, "ha contribuido al desprestigio social del trabajo público".
La titular de Hacienda ha incidido en que ante estas medidas del Gobierno central, el Ejecutivo de Susana Díaz enfocó esa política de ajuste "blindando los servicios fundamentales y asumiendo las medidas como reversibles para que pudieran ser compensadas cuando las cifras macroeconómicas lo permitieran". Y así, ha garantizado que la recuperación de sus derechos "ha sido una prioridad en todos los presupuestos de los últimos años".
MEDIDAS EN ANDALUCÍA
En este sentido ha recordado que en 2016 y 2017, se incrementó el salario de los empleados públicos un 1 por ciento, "que era el máximo permitido por el Gobierno central"; a la par que se han devuelto los días adicionales de permiso por asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por antigüedad, y se ha recuperado el 100% de la jornada de trabajo y las retribuciones del personal no permanente.
Asimismo, en este periodo se ha reconocido el permiso retribuido para las empleadas en estado de gestación; se ha restablecido la reducción voluntaria de un 10 por ciento de la jornada laboral, también para el personal temporal; así como se ha regulado el permiso para el cuidado de hijos con cáncer u enfermedad grave, mientras también se amplía el catálogo de enfermedades que dan derecho a la percepción del 100% del complemento y a la totalidad de las retribuciones en los días de ausencia por incapacidad temporal.
Montero ha proseguido explicando que, siguiendo la hoja de ruta consensuada, para el 2018 se ha previsto un incremento salarial conforme al máximo porcentaje que permita la Administración central, y que "ningún empleado público, a jornada completa, cobra menos de 1.000 euros". Además de recordar que en febrero se abonó el último tramo de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, ha asegurado que en este ejercicio también se recupera el 5 por ciento de los conceptos retributivos variables.
Además, ha incidido en que se han reactivado otra serie de medidas dirigidas a garantizar el derecho a la carrera profesional y el desarrollo profesional de los empleados públicos andaluces tales como la convocatoria y resolución de los concursos de méritos, "que llevaban paralizados varios años". De este modo ha sido posible que 6.064 funcionarios y 2.039 laborales "disfruten de un nuevo destino".
La consejera de Hacienda también ha subrayado que Andalucía ha agotado todos los años "los límites máximos de la tasa de reposición marcada por el Gobierno central en las Ofertas de Empleo Público", así como ha recalcado que en el 2018 "hemos previsto una oferta de 7.700 plazas, de las que 3.400 son para sanidad, 2.200 para educación y 2.100 plazas para la Administración General".
PSOE-A CRITICA EL "DESATINO" DEL PP
Para posicionar al PSOE-A, único partido que ha solicitado esta comparecencia, el portavoz de Hacienda, Jesús María Ruiz, ha criticado que lo ocurrido con las 35 horas ha sido la historia "de un desatino" y "del lamentable papel que juega el PP-A".
Ahora, ha considerado que el Gobierno de Rajoy "no tiene más remedio que dar marcha atrás" tras haberlo recurrido al TC y que Andalucía "le ha mostrado el camino" con las 35 horas en una medida que "ya no tiene vuelta atrás". "Es la primera vez que una sentencia del TC hace que se anulen derechos adquiridos por los trabajadores, pero esa ha sido la voluntad del Gobierno del PP", ha apostillado.
De este modo, ha asegurado que el PSOE-A seguirá defendiendo en voz alta "el reconocimiento a la labor abnegada de los empleados públicos, que siempre han mantenido unos servicios públicos de calidad". Y que ahora, como ha destacado Ruiz, han conseguido "arrancar" un acuerdo "que acaba con una injusticia para salir del atolladero en el que les había dejado el PP".
