Decepción en las acusaciones del caso 'Romanones' por la prescripción de delitos

Actualizado 18/09/2015 13:04:30 CET

GRANADA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones particular y popular en el caso 'Romanones', en el que se investigan los supuestos abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes a menores en Granada, han mostrado su "decepción" después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la prescripción de los delitos atribuidos a once de los doce imputados, de forma que la causa sólo continuará contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C..

El abogado del principal denunciante en el caso, el letrado Jorge Aguilera, ha recordado en declaraciones a Europa Press que la decisión de la Audiencia es "firme" y desde el punto de vista procesal no se puede hacer "nada salvo acatarla", "aunque nos pese".

Su cliente de hecho se siente "decepcionado" con esta resolución, pues "quien denuncia unos hechos no entiende de prescripciones", pero seguirá manteniendo su confianza en la justicia.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), personada como acusación popular, ha tachado de "injusta" la decisión del tribunal y advierte de que "once abusadores de niños están ahora brindando con champán".

"Los que luchamos por defender los derechos de los niños estamos de duelo, nos parece una resolución injusta", ha señalado a Europa Press el presidente de Prodeni, Juan Pedro Oliver, quien se ha mostrado contrario a que un delito vinculado con el abuso a un menor pueda prescribir a los cinco años.

"Nos parece que eso es desconocer lo que es un abuso a un menor y lo que les cuesta a ellos hablar de estas cosas", ha sostenido Oliver, para quien la Audiencia ha hecho "una aplicación fría de la ley, pero no ha hecho justicia".

Estas declaraciones se producen después de que la Sección Primera de la Audiencia haya desestimado los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el asunto, y haya declarado prescritos todos los delitos que se imputaban a once de los doce imputados.

Ya el pasado febrero, el titular de este Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, declaró prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares y acordaba mantener sólo la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento.

CARTA AL PAPA

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado recientemente declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.

Mantiene además el juez que los hechos se producen "por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia".

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