En Andalucía existen 160 barrios marginales, en los que viven 1,3 millones de personas, según la Apdh-a

 

En Andalucía existen 160 barrios marginales, en los que viven 1,3 millones de personas, según la Apdh-a

Actualizado 10/12/2010 16:29:30 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-a) ha indicado este viernes, en el que se celebra el Día Internacional por los Derechos Humanos, que en Andalucía existen 160 barrios marginales, en los que viven casi 1.300.000 personas que sufren una situación de "analfabetismo e infravivienda y desempleo muy superior a la media estatal".

En rueda de prensa, el miembro del área de Marginación de la Apdh-a, Pablo María Fernández, ha indicado que en la comunidad andaluza el 29,3 por ciento de la población andaluza vive por debajo del umbral de la pobreza y el 28,55 por ciento de la población (1.129.000 personas) está en paro y "con dificultades para disfrutar de los derechos humanos básicos de vivienda, renta básica, salud, educación y trabajo".

Mientras tanto, ha lamentado, la Administración "se afana en responder a los intereses de los bancos y las entidades financieras con más recortes sociales y privatizaciones", además de "paralizar la aprobación de la Ley de Inclusión Social en Andalucía y el establecimiento de una renta básica como derecho de los ciudadanos que contempla", que cuenta ya "con una demora de 12 años".

"En el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Administración da la espalda a los excluidos sociales en Andalucía, donde las necesidades son incluso mayores que en otras CCAA", ha señalado.

Además, ha alertado de que la supresión de la ayuda de los 426 euros es una "barbaridad", pues en una situación de "emergencia social como la que vivimos, es cuando más falta hacen las ayudas sociales de este tipo", indicando que "si se elimina este recurso, de algún modo la Administración tiene que auxiliar a las familias, que no son responsables de la crisis, del misma manera que salen al rescate de los bancos".

Otro de los miembros de la asociación, Chelo Gutiérrez, ha destacado que una de las áreas donde más urge la intervención de la Administración es en la vivienda, ya que "las dificultades económicas que están pasando muchas familias, hace imposible que puedan afrontar el pago de hipotecas o alquileres y que se estén produciendo numerosos deshaucios".

Así, ha indicado que aunque no existen datos precisos para Andalucía, en España, cada día unas 500 personas son deshauciadas de sus viviendas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recoge que en 2008 se produjeron 58.000 deshaucios que crecieron a 114.000 en 2009 y que este año volverán a crecer hasta los 180.000.

"Hay personas que pagan hipotecas más altas que el sueldo o la ayuda económica que reciben ahora mismo y que sobreviven gracias a las ayudas de familiares, pero esta situación no puede alargarse en el tiempo", ha advertido, recordando que durante este año Cáritas ha atendido a 5.476 personas sin hogar.

A ello, hay que añadir, ha señalado otro de los miembros del Área de Marginación de la asociación, María Luisa Selgas, el "problema enquistado de los asentamientos chabolistas", contra el que "apenas ha hecho nada el I Plan Integral de Erradicación del Chabolismo en Andalucía aprobado en 1997", como demuestra la existencia asentamientos como el de El Vacie o Torreblanca en Sevilla.

"Urge que estos asentamientos históricos desaparezcan porque su existencia constituye una violación de derechos humanos que no podemos disimular", ha reclamado.

Frente a ello, la Apdh-a ha demandado una política de vivienda que "ponga freno a la especulación y garantice a todas las personas el disfrute de una vivienda adecuada tal y como se consagra en la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española o diversas leyes de la propia Junta de Andalucía".

Asimismo, piden que se incremente el parque público de vivienda y se rehabiliten las viviendas deterioradas, garantizando la prioridad de los colectivos más vulnerables en la adjudicación de ayudas públicas, así como evitando toda forma de discriminación, así como que se cambie el Código Penal para que el derecho a uso de la vivienda esté por encima del derecho de la propiedad.

Además, reclaman que se regulen las más de 100.000 viviendas deshabitadas para favorece el alquiler y se eviten los desalojos originados por razones económicas, "sancionando severamente el acoso inmobiliario".

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