Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 29/11/2010 18:53
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el Decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, según han informado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal.
Los 'populares' presentaron a finales del pasado mes de octubre su recurso contra el conocido como 'decretazo' al considerar que supone un "atropello y vulneración" de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía que, además, pretende perpetuar en la Administración a quienes han entrado en ella por el "amiguismo y enchufismo" del PSOE.
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que estuvo acompañada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y una decena de diputados andaluces, denunció que con este recurso se pretende "defender el derecho de todos aquellos que con su mérito y capacidad han trabajado para obtener puesto en la función pública".
A su juicio, el mismo ampara la igualdad de oportunidades de cualquier español y andaluz a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la lucha contra el enchufismo y los nombramientos "a dedo" por vinculación política y la necesidad de garantizar la legalidad en el cumplimiento de las funciones públicas.
En la misma línea, Sanz aseguró entonces que la ley quiere perpetuar que "25.000 personas que han entrado enchufados por el PSOE permanezcan para siempre" en la Administración ejerciendo competencias que son "exclusivas" del personal funcionario. "Sería personal adscrito a derecho privado quienes ejercerían potestades públicas", censuró entonces.
Además hizo mención a que el decreto causa desigualdad en el acceso a función pública porque impediría que muchos andaluces puedan acceder a la función pública en condiciones de igualdad. "Significa un retroceso a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades, los derechos de los funcionarios pero también una fórmula del PSOE para perpetuar ahora y después de que pierdan el poder a todos aquellos enchufados y amigos que han entrado por amiguismo", insistió.
Así las cosas, el dirigente 'popular' lamentó que en Andalucía haya "todo un entramado de administración paralela" que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros, cantidad que a su juicio contrasta con los "1.200 millones de euros que reciben los ayuntamientos andaluces".