Dudan que la bajada del precio del niquel sea motivo "suficiente" para "pegar la estampida" y le piden "responsabilidad social" a la empresa
SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos extremeño y andaluz han rechazado el anuncio de cierre de la mina Aguablanca, ubicada en Monesterio (Badajoz) pero con afectación en Andalucía. y han exigido a la empresa que "explore todas las opciones antes de tomar una decisión que sería irreversible y que supondría un impacto terrible, con la pérdida de más de 400 empleos".
De este modo lo ha indicado el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, quien se ha reunido este lunes con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sanchez Maldonado, el cual ha asegurado que "tanto desde Andalucía como Extremadura pondremos el máximo empeño en que la empresa al menos cumpla con el plan origina, que prevé la explotación hasta 2018".
Sánchez Maldonado ha añadido que en la mina hay 400 empleos directos de ellos en torno a 130 son andaluces, que generan unos 250 indirectos sólo en Andalucía, de forma que serían unos 380 trabajadores andaluces, directos e indirectos, los afectados por el posible cierre.
La mina está encuadrada en una concesión que aunque se encuentra enclavada en Extremadura, también pertenece a los términos municipales de El Real de la Jara (Sevilla) y Santa Olalla (Huelva), si bien dado su emplazamiento entre dos comunidades y al estar en una zona declarada Reserva del Estado, la gestión administrativa (permisos, autorizaciones) corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El consejero extremeño, quien ha agradecido "la coordinación y el apoyo desde el primer momento" a la Junta de Andalucía y ha recordado que el acceso a la mina se hace desde un pueblo sevillano, considera "inaceptable" el anuncio de la empresa, ya que "de ninguna manera se dan las razones para esa decisión irreversible".
Reconoce que existen oscilaciones en los mercados internacionales del precio de los metales, y ahora está bajando, pero ha apuntado que "en los más de diez años que lleva la explotación en esta mina, esto se ha repetido en otras ocasiones, los precios suben y bajan".
Por otro lado, Navarro está a la espera de una declaración de impacto ambiental y de una autorización para la explotación subterránea, por parte del Ministerio de Industria, al que ambos gobiernos autonómicos piden que esta autorización "se produzca lo antes posible". "Es urgentísimo que se emita la declaración por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, así como la autorización final para esa explotación subterránea por parte del Ministerio de Industria", ha añadido Navarro.
El consejero extremeño, quien espera mantener reuniones esta misma semana con el Gobierno central, ha explicado que está previsto que las reservas subterráneas "alcancen como mínimo hasta tres años de actividad hasta 2018 incluido", por lo que le exigen a la empresa que "intente mirar esto con visión de conjunto a largo plazo".
"Tanto las administraciones extremeña y andaluza como el Gobierno central queremos sentarnos a dialogar para aportar todo lo que esté en nuestra mano para esa visión a largo plazo y que la empresa no tome decisiones irreversibles que serían dañinas para Extremadura y Andalucía", ha añadido el consejero extremeño, quien apunta que esta empresa "tiene identificadas otras reservas minerales para explotaciones de metales tanto en territorio andaluz como extremeño".
En ese sentido, aboga por "ver si se puede gestionar dentro del marco legal, que pueda haber nuevas explotaciones por parte de esta empresa que garantice la continuidad incluso más allá de 2018", ha indicado el consejero extremeño, quien pide hablar con la empresa "con tranquilidad, sin la amenaza de cierre, que es inadmisible".
"Queremos dialogar, que no se tomen decisiones irreversibles que causarían un impacto terrible sobre estas comarcas, con la pérdida de más de 400 empleos", ha indicado José Luis Navarro, quien asegura que "todas las administraciones están dispuestas a trabajar para buscar soluciones dentro de la legalidad, para que no se destruya empleo".
Navarro ha explicado que ésta es la única explotación que posee esta empresa en España, por lo que "los vínculos establecidos, más allá de diez años de explotación, no son los mismos que si hubiera más explotaciones en el país o si la empresa tomara sus decisiones aquí; las toma muy lejos". Por ello, reconoce que "no es fácil la solución a este problema, pero estamos trabajando dentro de los márgenes que hay".
El consejero extremeño, quien apunta que esta explotación "ha recibido subvenciones pero hace muchos años, y ya ha finalizado el plazo que la ley exige para tener que mantener la actividad como condición por haber cobrado una subvención", ha recordado que se trata de una empresa "que lleva muchos años teniendo importantes beneficios, legítimos, que ese comprometen con esta tierra".
Ha indicado que ahora la amenaza pendiente sobre la explotación y los trabajadores es que la empresa presente formalmente su solicitud de extinción de contratos, lo cual sería el "momento crítico", y para el que no hay fecha establecida, por lo que trabajan para que eso no se produzca, de forma que "se exploran antes todas las opciones posibles". "Exigimos a la empresa que hablemos primero y no tome decisiones precipitadas, pues hay margen para explorar todas las posibilidades, y un cierre supondría entrar en situación muy conflictiva", ha añadido.
DUDAS SOBRE LOS MOTIVOS
Por su parte, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, quien ha recordado que la gestión administrativa de esta explotación corresponde al Gobierno "al estar ubicado territorialmente en dos comunidades", ha asegurado que "desde Andalucía y Extremadura pondremos el máximo empeño en que la empresa al menos cumpla con el plan original, que preveía la explotación hasta 2018".
Maldonado no cree "suficiente ni plenamente justificado" la oscilación del precio del níquel como condición que explique esta decisión tan "drástica" de cerrar la actividad.
"Habrá que preguntarle a la empresa otros factores, como que quiera deslocalizarse de España o algún otro tipo de cuestión, aunque no tengo información, pero la oscilación no es diferente a la que secularmente se viene produciendo en los últimos años; si esas oscilaciones se les aplicara a otros minerales, todas las empresas mineras andaluzas estarían planteando este tema", ha añadido.
Por ello, se opone "radicalmente" al cierre de la explotación y apuesta por "tratar de trabajar para que se mantenga al menos hasta 2018".
Así, ha asegurado que "en la medida que esté en nuestras manos, vamos a trabajar dialogando la Administración central, Extremadura, Andalucía y la empresa. para que cumplan el compromiso". En ese sentido, ha asegurado que en la nueva ronda de contactos que pueda haber, la Junta de Andalucía ha mostrado su "total disposición" para acompañar y apoyar a Extremadura "en todo momento".
Ha recordado que también esta empresa "tiene adjudicados otra serie de permisos de investigación en la zona, que la haría ampliar su actividad a otros territorios y otros espacios mineros de la zona".
Asimismo, el consejero ha indicado que esta explotación "desde 2004 a 2016 ha tenido sus cuentas de resultados positiva, por lo que exigimos que tenga responsabilidad social hacia el entorno".
"La rentabilidad de una explotación haya que verla en el conjunto temporal de esta explotación; la rentabilidad habrá que verla de 2004 a 2018, y no salir corriendo cuando las cosas se ponen un poco mal", ha añadido el consejero, quien insiste en que "la oscilación del precio del níquel no es excusa suficiente para pegar la estampida".
