PP-A e IULV-CA votan en contra de esta normativa por considerarla "precipitada" y una "auténtica desregularización" del mercado
SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy, con los únicos votos a favor del PSOE-A y la negativa de PP-A e IULV-CA, el proyecto de Ley por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la directiva comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior. Como se recordará, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre un Decreto-Ley sobre esta materia, que se tramitó como proyecto de Ley por la vía de urgencia, a petición unánime de los grupos de la Cámara.
En líneas generales, estos cambios suponen la sustitución de la autorización administrativa previa por declaraciones responsables o comunicaciones, la supresión de determinados requisitos y la garantía de libre acceso para prestadores de servicios ya establecidos en cualquier Estado de la Unión Europea.
Las 16 leyes que se modifican se distribuyen entre los ámbitos del comercio y turismo (4); medio ambiente y energía (6); cultura (2); transportes (1); juego y apuestas (1); salud (1), y hacienda (el Decreto Legislativo 1/2009 en materia de tributos cedidos).
Los cambios más significativos se centran en tres de las leyes reguladoras del sector comercial, que en Andalucía representa el 12 por ciento del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 181.000 establecimientos (pymes en un 98,8 por ciento) y concentra el 16 por ciento del total del empleo andaluz en el sector, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
En el caso de la Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía, la planificación ligada a la autorización previa de las grandes superficies comerciales dejará de estar fundamentada en la medición de la oferta y la demanda de una zona y pasará a regirse por criterios territoriales, urbanísticos y medioambientales. La transposición de la Directiva europea implicará también la delegación a favor de los ayuntamientos de las actuales licencias autonómicas para grandes superficies superiores a 2.500 metros cuadrados, además de la agilización de los procedimientos administrativos.
Respecto a la Ley 3/1992 de Ferias Comerciales Oficiales, desaparece la autorización previa para la celebración de eventos de este tipo y la exclusividad de las instituciones feriales oficiales (Ifeca en Cádiz, Ifeco en Córdoba y Fibes en Sevilla) como organizadoras en sus respectivas provincias. Además, se suprime el requisito de aprobación por parte de la Junta de los estatutos de las instituciones feriales, así como la participación de las administraciones en sus órganos de gobierno.
La modificación de la Ley 9/1988 del Comercio Ambulante recogerá como principal novedad la desaparición de la obligatoriedad de la inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes como requisito previo al ejercicio de la actividad, para el cual bastará una autorización municipal.
IULV-CA DICE QUE SE VA A INSTAURAR "LA LEY DE LA SELVA"
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro, que destacó que esta normativa modifica 16 leyes, 92 decretos y 27 órdenes del Gobierno andaluz, dijo que su aplicación supondrá que los que "nada han tenido que ver" con el modelo económico que han originado esta crisis económica vean cómo se aplica una "auténtica desregularización" del mercado que, a su juicio, "a nadie beneficia".
Castro afirmó que esta directiva, conocida como 'Bolkestein' tuvo un "gran rechazo" social, sindical y político porque "planifica sobre un ámbito de actuación demasiado extenso, sin atender a las particularidades; impone severas restricciones a las administraciones y supone una competencia entre trabajadores europeos".
El diputado de IULV-CA dijo que este proyecto de Ley privatiza los servicios públicos y desregulariza el resto "para no poner nada". "Se va a instaurar la ley de la selva", afirmó Castro, quien consideró que hay que dejar a los vendedores ambulantes de esta normativa porque los cambios para este colectivo "no tienen ni pies ni cabeza".
PP-A DESTACA LA "NULA PARTICIPACIÓN" DE LOS AGENTES SOCIALES
El diputado del PP José Antonio Nieto consideró que el PSOE-A trae a la Cámara andaluza una proyecto de Ley realizado "con toda la precipitación" porque no querían oír a los sectores sociales, añadiendo que dicha normativa tiene una "nefasta arquitectura legislativa, una inexistente negociación con los grupos, una nula participación de los agentes sociales y diferentes reformas trampa".
Nieto destacó que el Gobierno andaluz ha decidido eliminar los obstáculos con los que se ha encontrado de la directiva europea, "haciendo los cambios que ha considerado oportunos". Entre ellos, destacó que será la Administración quien decida dónde se tiene que establecer una gran superficie comercial, "no quien arriesga con su negocio".
Asimismo, el diputado 'popular' afirmó que con esta normativa se verán afectados los más de 25.000 vendedores ambulantes existentes en la comunidad autónoma andaluza. "En nuestras enmiendas sobre esta cuestión, que no han sido aceptadas, pedíamos que se fuera lo más generoso con este sector para permitir el desarrollo más digno y de futuro".
PSOE-A DESTACA LA "ENORME PARTICIPACIÓN" DE AGENTES SOCIALES
Por su parte, el diputado del PSOE-A José García indicó que las modificaciones se dirigen básicamente a simplificar trámites y procedimientos para la adecuación al objetivo europeo de consolidar un mercado libre de circulación transfronteriza de servicios y ofrecer a los consumidores mayor transparencia, más posibilidades de elección y unos precios más bajos sin perder el nivel de calidad.
Asimismo, afirmó que ha habido una "enorme participación" de los agentes sociales en esta normativa, "que trata desde el equilibrio de resolver los problemas de los sectores implicados". Añadió que su formación ha aceptado 18 enmiendas del PP pero ninguna de IULV-CA, a las que consideró "excesivas" porque quieren "regularlo todo".
Finalmente, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, cerró el debate agradeciendo en nombre del Gobierno andaluz el trabajo realizado por los grupos parlamentarios durante la tramitación de este proyecto de ley, así como también las aportaciones de los agentes sociales, "que han enriquecido el texto".
"Se trata de una norma que mejora la transparencia y la competencia de los mercados", manifestó Moreno, quien dijo esperar que esta normativa contribuya a la recuperación de la economía en Andalucía.
