SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta ha atendido durante 2012 a cerca de 900 menores en toda Andalucía dentro de los programas de evaluación y diagnóstico, así como de tratamiento a menores víctimas de abusos sexuales (594 en el programa de Evaluación y 295 en el de Tratamiento).
Según los datos facilitados por la consejera del ramo, María Jesús Montero, en respuesta a una pregunta oral formulada en la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento andaluz, en dicho ejercicio se destinó a esta línea de trabajo un total de 1,2 millones de euros.
Estos programas, que se desarrollan en Andalucía desde 1992 en colaboración con entidades especializadas en el trabajo con menores, han permitido asistir desde su puesta en marcha a más de 7.000 menores.
En cuanto al incremento de la cifra de menores atendidos desde la puesta en marcha de estos programas, Montero ha concretado que ello se debe "no porque hayan aumentado el número de casos, sino porque hay más capacidad de detección, y porque la sociedad es más intolerante con este tipo de situaciones".
Montero ha detallado que los objetivos básicos de estos programas son, en primer lugar, verificar si un menor o una menor ha sido objeto de abusos sexuales a través de la evaluación y el diagnóstico psicológico y familiar, estableciendo las necesidades de protección y atención terapéutica que precisen. Además, se ofrece tratamiento psicosocial al menor, creando un contexto de ayuda y atención que permita reducir los síntomas y secuelas derivados de la situación vivida y evitar la revictimización y el desarraigo.
Igualmente, estos programas proporcionan orientación legal y social al menor y a su familia, sobre los pasos legales y los recursos disponibles para ayudarles. El convenio de colaboración suscrito con las entidades incluye asimismo la formación y el asesoramiento a los profesionales y otros agentes implicados en la intervención con menores.
Asimismo, la titular de Salud ha destacado la reciente puesta en marcha de un modelo homogeneizado de partes judiciales, que es un parte único cuyo objetivo es contar con una herramienta que proporcione a los órganos judiciales información suficiente, precisa y objetiva, desagregada por sexos para facilitar sus actuaciones y la identificación de situaciones de violencia de género y desprotección de menores.
