SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, y la consejera de Vivienda y Fomento, Elena Cortés, han acusado este lunes al PP andaluz de "malversar" las opiniones que emite una institución como el Defensor del Pueblo Andaluz, sobre las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública u oficial desocupadas en la comunidad andaluza.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Cortés ha querido dejar claro que en el parque público de 81.000 viviendas de la Junta no hay inmuebles vacíos, salvo los casos "puntuales" que puedan producirse por mudanzas, fallecimiento, readjudicación, o por obras ocasionadas por desperfectos.
"El PP se tiene que replantear su estrategia porque una mentira no se convierte en verdad por mucho que la repita", ha añadido Cortés, mientras que Valderas ha afirmado que tanto el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, como su 'número dos', José Luis Sanz, están cayendo "en la calumnia continuada" sobre este asunto.
La consejera de Fomento de Vivienda, que ha asegurado haber hablado este misma mañana con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha explicado que lo que plantea Chamizo es lo mismo que ya le trasladó en una reunión que mantuvieron el pasado mes de junio, en relación a las viviendas con algún tipo de protección oficial que tengan en propiedad las entidades financieras.
"En el decreto de función social de la vivienda aprobado el pasado mes de abril, la Junta plantea que las entidades financieras con este tipo de viviendas en propiedad tengan la obligación de comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda qué inmuebles de este tipo tienen y que las pongan a disposición del registro de demandantes de vivienda", ha destacado Cortés.
Sobre las ayudas a la emancipación de jóvenes que aún no han sido abonadas, la consejera ha dicho que en este momento se está realizado el cierre ordenado del Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012 y que cuando se culmine se ofrecerá toda la información. No obstante, ha indicado que su departamento ha hecho frente a la deuda que había en esta materia, pagando unos 200 millones a fecha de diciembre de 2012. "Y se sigue pagando", ha añadido.
Finalmente, Elena Cortés ha indicado que existe un elemento "indudable" en esta materia, como es el hecho de que Andalucía tuvo que acometer el pasado mes de junio un ajuste de 2.500 millones impuesto por el Gobierno central. "El Gobierno andaluz hizo ese ajuste y lógicamente está teniendo determinado tipo de consecuencias", ha afirmado, refiriéndose a estas ayudas.
