ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha afirmado este martes que es preciso que el servicio público de atención y tutela a los menores infractores en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, situado en el barrio rural de Juslibol, disponga de las "plantillas suficientes".
García Vicente ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, a cuyo término ha declarado a Europa Press que la institución del Justicia conoce "el problema" de este centro, cuya contrata se va a renovar en las próximas semanas y cuyo servicio podría sufrir recortes por la reducción de la partida correspondiente en los Presupuestos autonómicos de 2011, lo que los trabajadores consideran que provocaría una reducción de personal.
El Justicia ha evitado pronunciarse sobre qué características debe tener la plantilla del antiguo Centro 'San Jorge', pero ha expresado que "apoyaremos que haya plantillas en todo caso suficientes". García Vicente ha recalcado que "no podemos entrar a valorar" cómo debe ser la plantilla ni cuántos empleados debe haber.
En cuanto a la atención de menores desamparados, en general, Fernando García Vicente ha indicado que es un tema "importante" y, aunque la etapa actual de crisis conlleva una reducción del gasto público, ha considerado que "los gastos de menores siempre deben estar priorizados con carácter general".
RECURSOS DISPONIBLES
El Justicia ha presentado el 'Informe preceptivo de la situación de los menores en Aragón' y ha propuesto comparecer anualmente para dialogar con los Grupos Parlamentarios sobre el tema.
Fernando García Vicente ha recomendado "compartimentar todo lo posible" la atención a los menores en situación de desprotección y que viven en residencias del Gobierno autónomo. Uno de los criterios puede ser la edad de los mismos, al no ser óptimo que en una misma residencia convivan menores de edades muy distintas, ha dicho en respuesta a la propuesta del Partido Popular (PP) en este sentido.
Sin embargo, ha matizado que esta compartimentación depende de los recursos disponibles y ha comentado que en las ciudades de Huesca y Teruel sólo hay un centro de atención a menores desprotegidos.
Además, ha considerado necesario destinar más recursos al cuidado de menores desprotegidos y con enfermedad mental para que "tengan un tratamiento específico". El Justicia opina que "deben tener prioridad" y ha recordado que algunas familias no tienen recursos para internarlos en centros privados.
El Justicia ha alertado del problema que supone para los menores tutelados en edad de trabajar no tener empleo y ha comentado que "el 80 por ciento" de los problemas de los mismos se resuelven cuando acceden a un puesto de trabajo.
ADOPCIÓN
El Justicia ha aludido a los procesos de adopción internacional, que han descendido por las mayores exigencias que algunos países ponen y ha constatado que algunas familias se quejan del funcionamiento de algunas Entidades Colaboradoras en materia de Adopción Internacional (ECAI).
También ha mostrado su preocupación por la post-adopción, por "cómo se encuentran los niños y la niñas una vez son adoptados". El Justicia ha recomendado potenciar el acogimiento no preadoptivo para evitar el ingreso en orfanatos. En Aragón hay 434 menores en centros de acogida.
García Vicente ha comentado que un tema de consulta habitual son algunos conflictos derivados de las crisis matrimoniales, la custodia de menores, las pensiones alimenticias y la emancipación. "Unos consideran que -las pensiones-- son excesivas y otros que son insuficientes" en algunos casos "porque no se están pagando".
El Justicia ha apostado por favorecer la "mediación" en el caso de disputas familiares, especialmente cuando hay menores y ha opinado que "no puede ser que, a las nueve de la noche, haya que ir con un notario a ver si han entregado al niño o no", aludiendo así a los casos de divorcio.
GRUPOS
La popular María Antonia Avilés ha considerado "muy mejorable la gestión que hace el Gobierno" y ha estimado que es preciso elaborar un plan que arroje unos resultados evaluables.
Según Avilés, "no hay una planificación y unas normas iguales para los distintos centros" de acogida, de los que ha dicho que "suplen carencias de los medios que pone a su disposición el Gobierno de Aragón".
El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, ha criticado "las trabas administrativas por encima del interés del menor" y la "vulneración" del derecho a la intimidad del menor, tras lo que ha reclamado la protección de los menores con enfermedad mental.
Los poderes públicos deben "dar respuesta" al colectivo de los menores indefensos o abandonados, "una parte de la sociedad totalmente vulnerable", ha apuntado Bernal.
El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha planteado que "las personas menores también requieren ciertas políticas", incluyendo a las que viven de forma normalizada. El también coordinador general de IU-Aragón ha preguntado cuántos menores infractores se reinsertan y cuántos reinciden.
La socialista Ana Cristina Vera ha animado a hacer un seguimiento de las adopciones internacionales y ha apostado por crear un centro de acogida para menores con discapacidad. Vera ha defendido el proyecto educativo de los centros de acogida y ha recalcado que "la supervisión es permanente".
La parlamentaria del Partido Aragonés (PAR), Ana de Salas, ha dicho que los menores son "un colectivo especialmente vulnerable" y ha manifestado su apoyo a las políticas del Gobierno autonómico en esta materia.
