Para el colectivo decir que la revisión no modificará en el 99% el plan es "un anuncio de un fraude caciquil"
Afirman que las licencias que se otorguen serán un cheque en blanco para los constructores
OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
la Plataforma ciudadana contra el Muro de Cabueñes se refirió hoy a la sentencia del TSJA por la que se anula el Plan general de Ordenación Urbana de Gijón, PGOU, y exigió que la revisión del PGOU no sea "simplemente estética, sino que debe de ser una revisión real", por lo que exigieron la suspensión del planeamiento sin más paliativos ni demoras.
En este sentido indicaron que desde este momento hasta que exista una sentencia firme todas las licencias de obras que otorgue el Ayuntamiento serán "un cheque en blanco para los amigos constructores" porque por el momento no cabe hablar de derechos indemnizatorios.
La portavoz de la plataforma, Cristina Moreno, en rueda de prensa indicó que la sentencia del TSJA demuestra que "la política que desarrolla el Ayuntamiento no es transparente" y aseguró que la "salida a la desesperada" del consejo de Gobierno no va a solucionar el "fracaso estrepitoso de su política urbanística porque su acostumbrada prepotencia no les permite conocer sus errores".
En este sentido la plataforma considera que la salida por la que opta el Ayuntamiento ocasionará "un problema mayor que tendrán que pagar todos los ciudadanos". "Cómo se puede anunciar que la revisión del PGOU no modificará en el 99% el plan", se preguntó Moreno, que indicó que estamos ante "un anuncio de un fraude caciquil que atentará contra los derechos de los ciudadanos".
Moreno criticó que momentos después de darse a conocer la sentencia la alcaldesa mantuviese una reunión con los colectivos de constructores "y no haya tenido un momento para recibir a los vecinos". Dijo además que es "sospechosa la satisfacción con la que los constructores salieron de esa reunión".
"No hay gobierno de lo publico en Gijón, aquí se gobierna en favor de algunos empresarios y en beneficio de la elite política", dijo la portavoz del colectivo.
El presidente de la plataforma ciudadana, Francisco Díaz, insistió en que la sentencia del TSJA "refrenda las ideas que la plataforma viene defendiendo desde marzo de 2008" y destacó que las alegaciones presentadas por la plataforma coinciden con lo que recoge la sentencia.
En referencia a la sentencia, el asesor de la Plataforma, Ignacio Martínez, indicó que hay un aspecto de la misma que parece que "pasa desapercibido" pero que es muy importante y es la anulación de los recursos de reposición.
"La sentencia anula los recursos de reposición planteados, entre ellos el presentado por la familia del que fuera concejal de Urbanismo, Jesús Morales, que fue admitido por el Ayuntamiento", dijo Martínez, que insistió en que de hacerse firme la sentencia --algo en lo que la plataforma confía plenamente-- los recursos no serán válidos.
RENUNCIA DEL ABOGADO.
Por otra parte Ignacio Martínez exigió la renuncia del abogado Ángel Luis Bernal, contratado por el Ayuntamiento de Gijón para defender los intereses municipales y presentar acusación contra el ex arquitecto municipal, Ovidio Blanco. Y es que Martínez denunció que la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes le propuso al letrado representar al colectivo en la acusación contra Blanco, algo que rechazó.
"Vemos con sorpresa que ahora va a representar al Ayuntamiento en esa falsa acusación contra Blanco. Creemos que es un hecho inaudito y como tal lo repudiamos porque atenta contra toda ética. Está aceptando trabajar para el Ayuntamiento con la información que previamente nosotros le hemos facilitado", dijo Martínez que añadió que se trata de "una persona que no es de fiar".
Pos ello insistió en pedir la renuncia del letrado y que se explique además las condiciones con las que fue contratado, por lo que afirmó que pondrán el asunto en conocimiento de todos los órganos pertinentes.
PLAN PARCIAL DE CABUEÑES.
En cuanto al plan parcial de Cabueñes, la Plataforma indicó que el Ayuntamiento tiene la última oportunidad para que no "dilapide y derroche los fondos públicos en contratar abogados y gastar en juicios" y exigieron que se lleve a cabo la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 8 de marzo de 2008 por la que se aprobaba inicialmente el Plan parcial de Cabueñes.
"La tramitación ilegal del urbanismo no se resuelve contratando a un nuevo arquitecto al que por cierto no sabemos ni lo que se le paga", dijo Moreno, que insistió que a día de hoy "está más claro que nunca que el Ayuntamiento actúa como un promotor más".
