Mediavilla y resto de consejeros exigen que antes de junio se aprueben reformas para la implantación de la Nueva Oficina Judicial
SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las once Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia se han comprometido hoy a impulsar la "necesaria modernización" de la Administración de Justicia, a través de una doble vía: por un lado, continuarán incrementando sus inversiones con el fin de instaurar las nuevas tecnologías en esta Administración, y, por otro, solicitarán al Ministerio del ramo más competencias y que se apruebe antes de junio las reformas necesarias para implantar la nueva Oficina Judicial.
Así lo ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, tras participar en la reunión de la Comisión de coordinación de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, que se ha celebrado esta mañana en Barcelona, en la que se ha acordado, además, solicitar la "convocatoria inmediata" de una Conferencia Sectorial para conocer en detalle los proyectos y las medidas que el Ministerio tiene previsto adoptar para hacer frente a la situación actual en la Administración de Justicia.
Mediavilla ha resaltado la importancia de esta "unión sin fisuras" de todas las Comunidades que se encuentra "en la misma situación", y tienen, por tanto, un objetivo común: "mejorar la prestación de este servicio esencial en su ámbito de competencia". "El frente es único y la postura clara", ha afirmado al respecto.
En este sentido, cree que este "convencimiento de todas y cada una de las Comunidades transferidas" de la necesidad de "impulsar sin demoras la modernización de la Justicia" servirá para "adoptar de forma urgente las medidas que permitan a esta Administración entrar de una vez por todas en la modernidad". Además, considera que el "poder reivindicativo frente al Ministerio" se incrementa "considerablemente" al haber adoptado una "postura única" sobre la implantación de la nueva Oficina Judicial, "base del verdadero futuro de la Justicia".
OFICINA JUDICIAL Y COMPETENCIAS
Mediavilla ha informado que en el acuerdo suscrito en el día de hoy se pone de manifiesto la apuesta "firme" de todas las autonomías por el modelo de Oficina Judicial, aunque resulta necesario aprobar las reformas procesales "cuanto antes" y un compromiso económico del Ministerio para incrementar el número de secretarios judiciales que aseguren el despliegue de estos servicios comunes.
En este punto, el consejero cántabro ha destacado el "consenso" de todas las autonomías para conseguir un mayor poder competencial en la gestión global del personal al servicio de la Administración de Justicia.
En concreto, las Autonomías piden al Ministerio "el traspaso de las competencias para la convocatoria de plazas y pruebas de selección, incluida la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, con las salvedades que procedan para garantizar la homogeneidad". Asimismo, han solicitado la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en materia de demarcación y planta judicial.
En un ámbito de competencias "concurrentes y complejas", las Comunidades reclaman ahora un acuerdo con el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial para fijar un calendario coordinado de modernización de esta Administración.
Asimismo, han adoptado una serie de medidas para agilizar este servicio público encaminadas a potenciar los mecanismo alternativos de resolución de conflictos, como la desvinculación de los registros civiles del ámbito judicial; el impulso de los sistemas de mediación extrajudicial, y la desjudicialización de las reclamaciones de índole administrativa o de pequeña entidad.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Respecto a las nuevas tecnologías, se ha acordado avanzar en la implantación de un sistema de gestión que haga realidad el expediente electrónico judicial, así como compartir información entre las diferentes instituciones que se relacionan con la Administración de Justicia, aprovechando los trabajos realizados en el test de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial.
Las autonomías transferidas se comprometen a velar por el adecuado uso de las herramientas informáticas puestas a disposición de todos los operadores jurídicos y por la correcta introducción de datos a los mismos, siempre dentro de sus competencias.
Además, los consejeros de Justicia de las once Comunidades han abogado por el correcto funcionamiento de los registros centrales, lo que conllevará la instalación de un servicio de interoperatibilidad que garantice su integración en los sistemas de gestión procesal.
En esta línea, Cantabria ha defendido la implantación de la firma electrónica en la Administración de Justicia y de las necesarias normas de seguridad para conseguir agilizar sus funciones.
De hecho, Mediavilla cree "profundamente necesario" agilizar la implantación de este modelo, capaz de "subsanar en mayor medida las dilaciones del proceso judicial", ya que las notificaciones se enviarán por correo electrónico debidamente certificadas a los usuarios de "forma inmediata".
Por último, las autonomías han acordado instar a la modificación de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita para mejorar la prestación de este servicio público.
Las Comunidades que han suscrito el presente acuerdo son, además de Cantabria, las autonomías de Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias y Aragón.
