VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid criticó hoy la adjudicación en junio de 2007 --un día antes de la toma de posesión de la actual Corporación municipal-- de las obras del colector de Carrascal a la empresa Sedesa, relacionada con la trama Gürtel, pese a que el primer informe técnico hablaba de "baja temeraria" respecto al presupuesto de licitación.
El presidente del Grupo, Óscar Puente, que se ttrata de la tercera ocasión en la que los socialistas destapan la adjudicación de obras a una empresa distinta a la que sugería el primer informe de la mesa de contratación. De hecho, insistió en que en otro de los casos la compañía a la que se encargaron las obras, Begar, también aparece en el sumario del Caso Gürtel.
Los ediles socialistas explicaron que la adjudicación a Sedesa --propiedad de la familia del vicepresidente tercero del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino-- fue "el último trabajo" del ex concejal de Urbanismo José Antonio de García de Coca, pues se aprobó en Junta de Gobierno el viernes 15 de junio de 2007, un día antes del acto de toma de posesión de la actual Corporación municipal, de la que ya no formaría parte.
Así, la obra licitada era la segunda fase del colector de Carrascal, que se sacó a subasta con un presupuesto base de licitación de 6.225.883,97 euros y que se adjudicó a la oferta económica más baja, que fue la presentada por Sedesa-Montaysa, con un importe previsto de 3.491.800,97 euros. Puente advirtió de que se trató de un caso de "baja temeraria" pues reducía en un 45 por ciento del precio de licitación.
De hecho, se solicitó a la empresa documentación que acreditara que la baja era asumible, lo que fue informado por los técnicos del servicio de obras, un ingeniero de caminos y el arquitecto director del servicio. En su informe de 11 de junio de 2007, los técnicos "confirmaron la temeridad de la baja", concretamente porque reducía las partidas de seguridad y salud en la obra y por cercenar en más de un 70% los costes de los movimientos de tierras, especialmente importantes en una obra de ingeniería hidráulica como esta.
De haberse aceptado este informe, se habría descartado la oferta de esta empresa y se habría adjudicado a la siguiente. Sin embargo, García de Coca, solicitó un nuevo informe que lleva la rúbrica de el arquitecto que "en otras ocasiones firmó dictámenes similares", Luis Álvarez Aller.
El documento, fechado tres días más tarde, justificaba que el presupuesto no suponía problemas de seguridad laboral pues no reducía la calidad de los medios, sino la cantidad. "Es como decir que iba a haber menos cascos de obra", ironizó Puente. De este modo, el mismo 14 de junio se convocaba la mesa de contratación, en la, según el PSOE, los representantes de Intervención y Asesoría Jurídica "se desentienden de la decisión ante la flagrante contradicción de ambas opiniones".
"CASO DE CORRUPCIÓN"
Para los concejales del PSOE, se trata de un caso de corrupción que debería "tratarse como tal" y no ser recibido por el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, como en anteriores ocasiones. "Son maniobras chuscas y groseras para adjudicar un contrato de forma predeterminada a una empresa relacionada con la trama Gürtel", recalcó.
Puente recordó que la adjudicataria ya recurrió a los modificados de obras para reclamar, en dos ocasiones, más dinero. Así, un año después de iniciarse la obra, solicitó casi un millón y medio más de euros, petición que no fue autorizada, y en diciembre de 2009 sí que se aceptó el incremento de costes en casi 700.000 euros, por lo que los trabajos, aún sin concluir, ya han costado 4,2 millones.
Por ello, el Grupo Socialista pedirá mañana explicaciones al Equipo de Gobierno en el Pleno municipal, pues como reflexionó su presidente "la empresa adjudicataria tiene nombre y apellidos" y acudió al concurso teniendo claro que "alguien elaboraría el informe".
Según el PSOE vallisoletano, el Grupo Inmobiliario Sedesa, constructora fundada y dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente del Gobierno de Francisco Camps, es una de las empresas relacionadas con Orange Market y figura citada en el sumario como posible colaboradora en la trama corrupta de Francisco Correa.
Cabe recordar que el pasado año el PSOE ya denunció la adjudicación a la empresa Begar --otra de las que figura en el sumario Gürtel-- de los trabajos del colector de la margen izquierda del río Pisuerga con una modificación de las puntuaciones en los informes de contratación.
