BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía Superior de Catalunya ha acusado al expresidente de la Generalitat Artur Mas de haber desobedecido "intencionadamente" el fallo del Tribunal Constitucional (TC) al no haber suspendido la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. "Como presidente de la Generalitat a la sazón, intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió al mandato del Tribunal e incumplió su obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria", concluye en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los fiscales Francisco Bañeras y Emilio Sánchez Ulled se oponen a la pretensión de las defensas de Mas, de la entonces vicepresidenta del Govern Joana Ortega y de la que era consellera de Enseñanza Irene Rigau --los tres investigados-- de archivar la causa contra ellos. Los fiscales insisten en Mas "desafió abierta y públicamente" la suspensión acordada por el TC, y que el entonces presidente conoció el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014. Lo hizo disponiendo o dejando de evitar "la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para desarrollar" la votación sobre la independencia, según la Fiscalía. Por su parte, Ortega coordinó la preparación y desarrollo de las votaciones y fue "la impulsora directa de las principales administrativas" para preparar la jornada, garantizar su desarrollo y la publicación de los resultados pese a la suspensión del TC. En coordinación con Mas y Ortega, Rigau presuntamente se sirvió de los servicios territoriales de su Conselleria para garantizar que los directores de las escuelas "con mayor o menor convencimiento individual abrieran los institutos" para las votaciones. Además, Ortega se encargó de que el 9 de noviembre hubieran 6695 ordenadores portátiles a disposición de las mesas, siempre según el relato que de los hechos hace la Fiscalía. También señala al que era conseller de Presidencia y actual diputado de DL en el Congreso, Francesc Homs, por haber legitimado a una contratista para que continuara prestando servicios del 9N pese al fallo del TC, y además advertir a la empresa de las consecuencias de un eventual incumplimiento del contrato. La Fiscalía cree que los investigados intentaron aparentar que todo quedó en manos de los voluntarios después del veto del TC: "Insisten las defensas en cargar sobre los hombros de los voluntarios la responsabilidad relativa a la votación del 9 de noviembre". Este era precisamente el principal hilo argumental de las defensas de Mas, Ortega y Rigau: afirmar que la suspensión fue acatada porque sostienen que la Generalitat "habría cesado y desistido de toda actuación preparatoria, organizativa y de ejecución, pues dichas tareas habrían quedado exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios". Pero la Fiscalía concluye que si bien los voluntarios atendieron materialmente las votaciones en las mesas "las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la administración autonómica". "Sin la utilización de dichos medios públicos, la votación no habría podido tener lugar", sostiene la Fiscalía, que insiste en que los trabajos de preparación para la consulta continuaron e incluso se intensificaron tras la suspensión.
