BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consell de Governs Locals de Catalunya, Miquel Buch, ha puesto en duda que el Tribunal Constitucional (TC) vaya a fallar sobre el recurso de 3.000 municipios contra la ley de reforma local con la misma celeridad con la que, a su juicio, va a decidir sobre el recursos del Gobierno central contra la consulta del 9N.
El también presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcalde convergente de Premià de Mar (Barcelona) ha afeado este lunes la falta de diligencia del TC con una ley "que impide que los ayuntamientos den servicios a los ciudadanos", en las jornadas sobre municipios 2014 que organiza la fundación Ernest Lluch.
También ha intervenido el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y alcalde de Pineda (Barcelona), Xavier Amor (PSC), que ha lamentado que se transmitan a los ayuntamientos unas responsabilidades que no les corresponden, "como decidir si se entrega el censo o si se sacan las urnas" el 9N, y ha dicho que, como alcalde, se posicionará siempre del lado de la ley.
En distinto modo se ha posicionado el alcalde de Manlleu(Barcelona), Pere Prat (ERC), que ha replicado que, como primer edil, debe estar al lado del pueblo por lo que ha desvelado que sacará las urnas a la calle el 9 de noviembre aunque ello le cueste que le abran "las puertas de La Modelo" --en referencia al centro penitenciario de Barcelona--.
Otro líder municipal, el alcalde de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), Gerard Segú (PROGRÉS), ha afirmado que la dificultad para reformar la Constitución tras una petición expresa del pueblo --en referencia al encaje catalán en España--, y la facilidad del gobierno para realizar una reforma 'exprés' de la Carta Magna demuestran que "la democracia ha entrado en la lista de especies en extinción".
Buch también ha recurrido a la hemeroteca para recordar que en 1978, mientras se firmaba la Constitución, se penaba el adulterio, algo que cambió con el tiempo, mientras ahora el Gobierno sostiene que "la ley no se puede cambiar".
"El Gobierno de España se refugia en la ley, cuando la ley no la hace un abogado sino un político", ha sostenido.
