MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los 25 Centros y 16 Unidades que cuentan con el distintivo de excelencia de Severo Ochoa y María de Maeztu, respectivamente, han pedido que la actividad científica tenga criterios homogéneos fiscales para que no estén sujetos a la interpretación de inspectores y que se considere siempre, como la cultura, actividad de interés general.
Para ello, exigen que se concrete que la I+D+i es "actividad económica", como sucede actualmente con las actividades del ámbito de la cultura.
Esta es una de las principales reclamaciones que han puesto de manifiesto los 41 centros y unidades de excelencia por primera vez como Alianza (SOMMa), que ha sido presentada de manera oficial este martes en el Ministerio de Economía y ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela.
Según ha explicado el presidente de esta unión, Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica (CRG) --uno de los centros que integran SOMMa--, las ciencia y la investigación sufre "consecuencias administrativas" que pueden "dificultar" su actividad y "perder competitividad internacional".
Por eso, los 41 centros y unidades han presentado un informe en el que recogen 'Acciones necesarias para salvaguardar la competitividad de la ciencia', entre las que se encuentra la consideración de la actividad científica como "actividad económica". Según recoge la Alianza en este informe, al no ser una actividad de interés general, las deducciones del IVA no son del 100%, es decir, existe variabilidad en el porcentaje de deducciones según las delegaciones y también está sujeta a la interpretación que haga el inspector fiscal.
Además, la Alianza critica que se exija el pago del IVA en las subvenciones como si se tratara de una prestación de servicios. Según el documento elaborado por SOMMa, la Ley de Contratos del Sector Público excluye las aportaciones efectuadas por la Administración Pública para financiar actividades de interés general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad del concepto de subvención vinculada al precio, y menciona específicamente el caso de las aportaciones realizadas para financiar actividades del ámbito de la cultura.
Según el informe, estas reclamaciones fiscales se encuentran en marcha gracias a una enmienda transaccional --que se encuentra en trámite parlamentario-- en el proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales --la denominada Ley de Contratos Menores--, que equipararía las actividades científicas con las culturales.
Según el documento de SOMMa, esta enmienda constataría que la investigación es una "actividad de interés general" y, sobre todo la investigación básica, "actividad económica". Así pues, Serrano ha urgido a los partidos la aprobación de esta normativa "transparente" que permitiría "operar con una seguridad jurídica razonable". Según la Alianza, se prevé aprobar en abril o mayo.
En segundo lugar, SOMMa reclama la adecuación del régimen de contratación pública de los centros de investigación y universidades a sus necesidades, dentro del marco de la normativa europea en contratación. Esta misma Ley --de Contratos del Sector Público-- ha introducido cambios este mes de marzo, obligando a planificar y licitar prácticamente cualquier compra para proyectos científicos. En este sentido, critica que "la investigación es por naturaleza experimental" y por tanto, el material a adquirir depende de resultados "imposibles" de predecir en el curso del proyecto.
Por ello, piden que se establezcan procedimientos de contratación más simples por razón de objeto contractual y de la cuantía, en especial, en el aprovisionamiento de bienes y servicios recurrentes y/o imprevisibles, ímplicitos en la actividad de I+D que obstaculizan el ejercicio de su actividad, entre otros.
TERCER OBJETIVO: EL PERSONAL
El informe también reivindica un tercer aspecto administrativo: la contratación de personal. La Alianza exige flexibilizar la tasa de reposición, en particular para el personal de administración y técnico (personal estructural), así como la incorporación de los contratos indefinidos fijos a la Ley con indemnización por cese menos a los 20 días fijados, y financiables con fondos competitivos del Plan Estatal.
Según ha recordado Carmen Vela, que ha reconocido la frecuencia con que se ha utilizado la contratación temporal, esta figura de indefinido no fijo vinculado a financiación se está estudiando y se prevé que sea recogida en la Ley de Ciencia.
Asimismo, la Alianza pide mayor presupuesto para la ciencia, pues ha puesto de manifiesto que desde hace cerca de una década "decrece la competitividad" por el escaso aumento de la inversión. Incluso Vela ha admitido que el presupuesto ha bajado "de manera abrupta" hace unos años y que las subidas anuales no compensaban esa bajada, pero ha expresado su voluntad de "pelear cada día para que ese presupuesto aumente", así como el apoyo de su departamento para materializar las tres reivindicaciones administrativas de SOMMa.
El acto ha constituido la presentación de esta Alianza, un "gran hito" según Carmen Vela, ya que "suma la excelencia como valor de calidad, suma la atracción de talento y suma la colaboración con el sector empresarial".
Tal y como ha comentado la vicepresidenta de SOMMa, Teresa Garcia-Milà, directora de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) --centro Severo Ochoa--, la Alianza tiene como objetivo "mejorar la visibilidad" de la ciencia, tanto a nivel nacional como internacional, que se realiza en estos centros, así como en España. SOMMa, que se constituyó en octubre de 2017 y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de I+D+i y con ayuda económica con cargo al Plan Estatal, también persigue "mostrar el tipo de investigación que se hace" en todo el país y "avanzar y tener el apoyo de toda la sociedad más allá del colectivo que hace ciencia", según concluye Garcia-Milà.
