Una asociación pide disolver la AVL por extralimitación de funciones y deriva al catalán

José Manuel Ricart, presidente de Junts front a l'AVL
EUROPA PRESS
Actualizado 08/07/2015 15:06:44 CET

   Reclaman que declaren "nulas de pleno de derecho" todas las actuaciones de la AVL que "se salen de las competencias atribuidas"

   VALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La entidad 'Junts front a l'AVL' ha presentado este miércoles un escrito ante Presidencia de la Generalitat para que disuelva la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y derogue su ley de creación alegando "desviación de poder" por "atribuirse funciones para las que no fue creada" y por su "constante deriva hacia la lengua y la cultura catalanas".

   Así lo ha anunciado el presidente de 'Junts front a l'AVL', José Manuel Ricart, en un acto en el que ha advertido de que, en caso de que el Gonsell no atienda su petición --el plazo reglamentario para contestar es de seis meses-- irán a los tribunales e interpondrán un recurso contencioso-administrativo.

   La organización, que se ha definido como "apolítica", ha contado entre su público con caras del mundo de la política entre las que se han intervenido la expresidenta de Vox en Valencia, Cristina Seguí, o el secretario general de la coalición de AVANT, que han mostrado su apoyo a la iniciativa.

   Ricart, que señala la creación de la AVL (1996) a raíz de un "pacto secreto y de espaldas al pueblo valenciano" entre el expresidente de Gobierno, José Maria Aznar, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y el expresidente de la Generalitat Catalana, Jordi Pujol, considera que este fue el inicio de un "proceso de catalanización escandalosa".

   Ante esta situación, hace un año, 'Junts front a l'AVL' decidió que "ya era hora de pararle los pies" y comenzó a hacer un seguimiento de todas sus actividades que culmina con la presentación de un escrito de peticiones hoy ante el nuevo Consell.

   El documento reclama la "cancelación de actividades" de la AVL por haber "cumplido" y "agotado" la función principal para la que fue creada --normas ortográficas-- con la elaboración de las Normes Ortogràfiques de la Llengua Valenciana, "aunque no nos guste ni nos valga, pero ya está hecha". Además, ha publicado una Gramàtica Normativa, el Diccionari Normatiu, la Gramàtica Valenciana Bàsica y el Diccionari de Pronunciació del Valencià.

   En segundo lugar, exige la "inmediata disolución" de l'Acadèmcia por "incumplimiento de su función complementaria de velar por el normal uso del valenciano, su denominación y entidad". "Por el contrario, --señala el documento-- ha venido demostrando una constante deriva hacia la lengua y cultura catalanas por medio de sus publicaciones y actividades imponiéndolas o tolerándolas".

BLOQUEAR SUS CUENTAS

   Le acusa de "desviación de poder" por "dedicarse a fines no atribuidos en su ley de creación" con actuaciones como publicar libros y folletos que "nada tienen que ver con las normas ortográficas", actividades dedicadas al fomento del valenciano "labor no encomendada por la ley", patrocinio del circuito teatral, celebración del Día de las letras valencianas, fomento del teatro en valenciano, de la canción en valenciano y del audiovisual en valenciano.

   En este sentido, critica también que la AVL haya organizado jornadas y viajes para tratar temas relativos a la lengua, convocatorias públicas de ayudas y becas, su inversión en programas de fomento del valenciano en prensa, colaboraciones con las universidades, subvenciones al voluntariado lingüístico, a la música en valenciano, a la semana de la lengua, a Escola Valenciana a la que definen como "destacada entidad de promoción de la lengua catalana", e indemnizaciones, entre otras.

   La entidad pide que se proceda a un examen de las cuentas de la AVL desde enero de 2011, así como al cierre de los locales de la AVL y que se nombre un administrador dependiente de Presidencia para hacer un inventario de los elementos que se encuentren en los mismos. Su intención es que se retenga el metálico existente en caja y se bloqueen sus cuentas bancarias a efectos de la devolución de dinero público "indebidamente gastado" en las actividades anteriormente relatadas.

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