Bellver aclara que las licencias, actualmente suspendidas, se aprobaron antes de la decisión del TC y el PSPV lo niega
VALENCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Valencia dio hoy cuenta de la concesión de 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal, que afectan a un total de 31 viviendas, la mayoría ubicadas en la calle San Pedro y Luis Despuig. El concejal delegado de Urbanismo del consistorio, Jorge Bellver, aclaró que estas licencias se aprobaron "dentro de la legitimidad", antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Gobierno contra la ley autonómica que avala el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), al tiempo que matizó que están suspendidas.
Bellver se pronunció en estos términos en una rueda de prensa posterior a la Comisión de Grandes Proyectos, Vivienda y Urbanismo, después de que el concejal del grupo municipal socialista en el consistorio Vicente González Móstoles acusara al Ayuntamiento de haber aprobado hoy las licencias, pese a la admisión del recurso de inconstitucionalidad.
Al respecto, Bellver negó esta afirmación y aclaró que "lo que ha hecho la comisión de Urbanismo es dar cuenta de las licencias que se dieron en su día, entre comisión y comisión, a los efectos de control". "Las licencias se aprobaron en su momento, hoy se ha dado cuenta pero quedarán en suspenso", dijo. No obstante, afirmó que el día en que se pronuncie la Justicia, "ya estarán las licencias concedidas y se podrán aplicar inmediatamente".
Matizó, en este sentido, que las últimas dos licencias que firmó son del 20 de abril, es decir, un día antes de que el BOE publicase la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo. Por tanto, insistió, "se aprobaron dentro del plazo, amparadas en la legitimidad que tenía el ayuntamiento para hacer derribos".
Bellver indicó que en el momento de conceder estas licencias de derribo "no había nada que impidiese que esto fuera así", ya que "la misma legitimidad tenía el hecho de derribar como la firma de licencias", reiteró. De hecho, señaló que el equipo municipal "va a seguir tramitando y tomando decisiones como éstas, en base a un respeto absoluto a la legalidad".
Por su parte, González Móstoles indicó que el PSPV lamenta --y por eso ha votado en contra de la concesión de estas licencias-- "la cicatería, el oportunismo administrativo que ha demostrado el equipo de gobierno" porque, según relató cronológicamente, los informes sobre ellas se produjeron entre el 8-9 de abril, las resoluciones entre el 13-14, y la admisión a trámite del segundo recurso del Gobierno a mediados de abril --el día 14--", con lo que "se ha aprovechado lo que el Ayuntamiento considera un vacío legal para proponer el derribo de 31 viviendas más".
Reiteró, pese a lo afirmado por Bellver, que las licencias "se han concedido hoy, y no antes, y hoy el marco jurídico de la ley de Francisco Camps está en suspensión". Así pues, entiende que el otorgamiento de las licencias "es situarse fuera de la legalidad y el consistorio se tendrá que atener a las consecuencias que puede tener". En este punto aclaró que el PSPV analizará si recurre esta resolución, aunque dijo que tampoco es su papel "estar todos los días en los tribunales", ya que hay otras vías.
Lamentó, con todo, que las nuevas licencias otorgadas por el ayuntamiento, sobre inmuebles de Cabanyal 2010, afectan a edificios ubicados en el conjunto histórico protegido, que es "tan protector como el Bien de Interés Cultural (BIC), aunque supone otra modalidad y otro origen". Recordó que si la licencia no es recurrida, tiene vigor desde "ya", y el plazo son seis meses para ejecutar el acto o pedir una prórroga.
EL DECRETO
Bellver criticó la "poca claridad" del decreto ministerial sobre El Cabanyal, puesto que "la situación que se ha quedado actualmente es kafkiana", ya que, según la teoría, el PEPRI queda suspendido actualmente y podría ser aplicable el plan anterior, que es el Plan General. Y esto, según dijo, "es una barbaridad" porque "podrían haber nuevas peticiones de derribo y se tendrían que aprobar". Por ello considera que el decreto "es una aberración desde el punto de vista jurídico y urbanístico".
Ante este decreto y las resoluciones del TC, el Ayuntamiento, según dijo Bellver, acudió a la Audiencia Nacional para pedir, en primer lugar, que se archivara todo y no se diera valor al decreto del Gobierno; y, de no ser así, que se entendiera que la aplicación del mismo era sólo para el ámbito BIC que forma parte del PEPRI. Ante ello, la Audiencia no quiso entrar a valorar el fondo del asunto porque es algo "muy grave", puntualizó.
Ante esta situación, Bellver lamentó que "no existe en toda la historia de la democracia un decreto similar respecto a una legislación autonómica". "Es la primera vez --agregó-- en la historia de la democracia que un gobierno de España decreta lo que decreta en Valencia, a pesar de que hay otras ciudades a las que no se ha dirigido pese a que tienen denuncias de la Unesco". "A lo mejor tiene algo que ver que se traten de alcaldes socialistas", matizó.
