VALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Penal número 17 de Paterna (Valencia) juzga este martes, 29 de marzo, a cuatro extrabajadores a los que su antigua empresa, que se dedicaba al transporte, acusa de extorsión y de llevarle a la quiebra tras cogerse varias bajas seguidas, según consta en el escrito de acusación particular al que ha tenido acceso Europa Press. En la causa figuran también como imputados tres representantes sindicales --dos de UGT y uno de CGT--.
En concreto, la empresa denunciante, representada por el abogado Ignacio Grau, socio del buffette Rocabert&Grau, pide para cada una de estas personas una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión, y que indemnicen a la sociedad con 1.154.159,1 euros, en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, el ministerio fiscal solicita la absolución al no hallar delito en la actuación de los imputados.
La empresa denunciante era una sociedad familiar de transportes con más de 20 años de antigüedad que regentaban y administraban dos hermanos. Según consta en el escrito de conclusiones de la acusación, los conflictos comenzaron el 21 de marzo de 2005, cuando, a petición del sindicato CGT, se celebraron en la empresa unas elecciones para delegado de personal, cuyo resultado no resultó del agrado de los extrabajadores, puesto que no resultó elegido ninguno de ellos.
A partir de ese momento, y según consta en el mismo escrito, los trabajadores querellados comenzaron a crear "graves problemas" a la empresa para conseguir que los administradores realizasen alguna actuación que pudiera dar lugar a la impugnación de las elecciones, hecho que nunca consiguieron.
Fue entonces cuando "empezaron a llevar a cabo actividades ilícitas", y lo primero que hicieron, apoyados y aconsejados en todos momentos por sus representantes sindicales de UGT y CGT --denunciados en este procedimiento--, fue causar bajas laborales por enfermedades "simuladas" que les resultaban muy fáciles de fingir, ya que se trataban de enfermedades difícilmente objetivables por los facultativos.
Así, el 28 de marzo de 2005, uno de los empleados se cogió la baja por depresión; a los pocos días, el 11 de abril, otro trabajador causó baja por cervicalgia; y el 22 del mismo mes, uno más se cogió la baja por una lumbalgia. En agosto del mismo año, estos tres trabajadores, cuando aún continuaban de baja, fueron despedidos por los daños que estaban ocasionando a la empresa.
En julio del mismo ejercicio, hubo una reunión entre el administrador de la empresa y varios trabajadores y representantes sindicales, en la que se exigió a los gerentes el pago de ciertas cantidades económicas a cambio de no interponer numerosas denuncias contra la empresa "por cualquier cosa", que conducirían con el tiempo al cierre empresarial.
"ESTRATEGIA A SEGUIR"
Según el escrito de la acusación, "tramaron una estrategia a seguir", y manifestaron que la forma de realizar el pago sería mediante un hipotético y fingido despido de los trabajadores por el importe que correspondiera por ley, y entregándoles el resto en dinero negro. Y ello aunque el empresario no tuviera la intención de despedir a ninguno. Si la entidad se negaba a entregar la cantidad que exigía cada uno de los empleados, entre 4.000 y 10.000 euros, avisaron de que se dedicarían a poner denuncias contra la misma.
Ante este nuevo "intento de intimidación", pues no consiguieron lo que querían, los trabajadores continuaron fingiendo bajas. Así, el 30 de enero de 2006, un empleado más se cogió la baja por ansiedad; y uno de los trabajadores que había sido despedido anteriormente, y tras ser readmitido por orden del juzgado, volvió a cogerse la baja tres días después de reincorporarse alegando ansiedad.
Estas bajas laborales de los trabajadores supusieron para la empresa la paralización del 40 por ciento de los vehículos con los que desarrollaba su actividad, ya que cada baja pro enfermedad suponía paralizar un 10 por ciento de la producción, pues la misma contaba con 10 camiones y 10 conductores. Además de estos hechos, la entidad ha sido denunciada hasta en tres ocasiones por estos trabajadores ante la Inspección de Trabajo, y en ningún momento ha sido sancionada.
Como consecuencia de estas bajas, la empresa sufrió unas pérdidas económicas irreparables que le colocaron en una grave situación respecto a sus acreedores. Por ello, no tuvo más remedio que presentar concurso de acreedores, aunque el juzgado lo desestimó porque no tenía ningún activo con el que hacerle frente. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2008, la mercantil acordó su disolución y liquidación.
