VALENCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario socialista ha solicitado este martes la comparecencia urgente del conseller de Sanidad, Manuel Llombart en las Corts para que explique las consecuencias de la anulación de la orden de la Generalitat que obligaba a los profesionales sanitarios a jubilarse a los 65 años.
Al mismo tiempo, tal como ha señalado el diputado socialista y portavoz de Sanidad, Ignacio Subías, han solicitado la documentación en la que se basaron para tomar esta decisión. Así, se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara la nulidad de la orden 2/2013 de la Conselleria de Sanidad que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de manera forzosa, a los 65 años.
Subías ha indicado en un comunicado que cuando se publicó la orden 2/2013 de la Generalitat, el grupo socialista ya mostró su oposición, mientras que ahora ha sido el TSJCV el que la ha anulado, permitiendo continuar en activo a aquellos profesionales sanitarios que lo deseen más allá de los 65 años.
Esto, tal como ha señalado Subías, "afecta a unos 1.000 profesionales, y reconoce la falta de negociación, puesto que apunta que esta decisión debería haberse tomado en la Mesa Sectorial". Del mismo modo, el texto del TSJCV alude a un informe preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo, inexistente en este caso.
Por este motivo, el diputado socialista ha mostrado su "satisfacción" por esta sentencia, "ya que la orden supuso dolor para muchos y buenos profesionales a los que se obligó a jubilarse cuando estaban en plenas condiciones para seguir prestando sus servicios a la sociedad".
Así, ha remarcado que la Conselleria "lo hizo tomando en cuenta únicamente criterios de ahorro económico, pero no sobre la calidad y la cualificación de los profesionales afectados".
Subías, quien ha apuntado que la sentencia todavía es recurrible, ha subrayado que "de mantenerse, obligaría a la readmisión de los profesionales y a pagarle las diferencias económicas en base al sueldo que debieran haber percibido, además de reconocer el derecho de todos aquellos que vayan a cumplir 65 años de permanecer en activo si así lo desean".
Por eso, ha remarcado que "todo esto supone un nuevo varapalo a las exhaustas arcas de la Conselleria y la Generalitat a causa de la precipitación, la falta de diálogo y de consenso de un Gobierno en descomposición". A esto cabe sumar, ha advertido, "qué ocurrirá en caso de que los profesionales afectados hayan sido ya sustituidos por otros".
