MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las empresas españolas pueden llegar a soportar hasta 584 trámites administrativos u "obligaciones de información" durante el desarrollo de su actividad, según un estudio del Consejo Superior de Cámaras de Comercio en colaboración con la consultora KPMG y el despacho Ariño y Asociados Abogados.
En concreto, las compañías se ven obligadas a cumplir, por un lado, trámites de tipo horizontal (asuntos fiscales, laborales, etc.), que representan el 59% del total (346 obligaciones) y, por otro, trámites de tipo sectorial, que suponen el 41% restante (238 obligaciones).
Dentro de las gestiones horizontales, destacan las relacionadas con el medio ambiente, que representan el 15% del total (89 trámites), seguidas de relativas a propiedad industrial (11%) y de aquellas que tienen que ver con la propiedad intelectual y la fiscalidad (ambas con un 5%).
Por sectores, destacan industria (11%), así como transporte y comercio minorista, ambas con un 9% del total de las obligaciones soportadas.
En rueda de prensa, el socio Ariño y Asociados Abogados Rafael Ariño subrayó que, por ejemplo, una empresa que "prácticamente no hiciera nada" durante un ejercicio se vería obligada a soportar un mínimo de 36 trámites con la administración.
PROPUESTAS PARA EL EJECUTIVO.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, que también estuvo presente en el acto, señaló que el estudio, junto con las 113 propuestas para mejorar la burocracia que lo acompañan, ya ha sido trasladado al Ejecutivo central para avanzar en el objetivo del Gobierno de reducir las cargas administrativas un 30% hasta 2012.
Además, el presidente de las Cámaras expresó su preocupación por los costes que puede llegar a generar el exceso de burocracia en las empresas españolas y por el impacto de este problema en sus niveles de competitividad.
Por este motivo, Gómez-Navarro indicó que la organización que preside pedirá al Gobierno que todas aquellos proyectos de ley que se tramiten en el Parlamento vayan acompañados de una memoria "en la que se explique el coste que esa normativa tendrá en la economía real".
"Esto debe servir como llamada de atención para los legisladores, porque muchos parlamentarios no tienen conciencia de que la aplicación de las leyes tiene un coste que puede ser muy caro", añadió.
El presidente de las Cámaras también explicó que, entre las propuestas que ya han trasladado al Ejecutivo está la de imitar la estrategia emprendida por países como Australia y Nueva Zelanda, donde una empresa puede iniciar su actividad en tal solo 48 horas.
Según explicó Gómez-Navarro, la clave está en "confiar en el ciudadano", es decir, en permitir que una compañía se ponga en marcha en un plazo de dos días, mientras que la Administración se reserva un plazo de tres meses desde su apertura para reclamar los trámites que aún no se hayan realizado.
