Afirma que el nuevo código de consumo tendrá efectos "muy diluidos"
BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del juzgado mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, ha reclamado este miércoles que la mediación hipotecaria sea obligatoria porque el proceso voluntario actual "no funciona", ha explicado durante la Comisión de reforma del Código de Consumo sobre créditos e hipotecas en el Parlament.
En su intervención, ha considerado que el término 'mediación' se utiliza como una palabra mágica, aunque no es efectiva porque las entidades financieras no están aceptando participar en este proceso: "Para que sea útil tendrá que ser obligatoria".
Ha criticado que los mediadores estén más preocupados en "aumentar su cuota de mercado" que en proteger a los consumidores, y ha considerado que deberían ser capaces de valorar el impacto económico y social del conflicto y ofrecer soluciones concretas, incluyendo un posible plan de refinanciación o quitas.
"Es una ley sin efectos o con efectos muy diluidos" porque el incumplimiento de normas de consumo solo supone una infracción administrativa, ha sostenido, y ha opinado que se debería esperar a la aprobación de la correspondiente directiva comunitaria, una iniciativa que ha calificado de ambiciosa, pero que todavía se está debatiendo en el Parlamento europeo.
PROPUESTAS
El juez ha opinado que el nuevo código debe frenar las consecuencias de los impagos durante el proceso de mediación, y ha ilustrado que los intereses de demora pueden ser de 160 euros diarios e incrementar la deuda en miles de euros --hasta 20.000 en algunos casos--.
A su juicio, la dación en pago debería aplicarse "en beneficio directo del consumidor" como alternativa a las multas cuando las entidades financieras incumplan sus compromisos y rechacen pasos como la mediación.
También ha abogado por dar un plazo "razonable" al consumidor --de más de una semana-- para poder repensárselo y romper el contrato; no evaluar su solvencia en base al valor de la vivienda, y eliminar las cláusulas abusivas, en lugar de limitarse a moderarlas.
El magistrado del juzgado de primera instancia 1 de Barcelona, Guillem Soler, ha defendido en su intervención que hacen falta "normas imperativas y con efectos retroactivos", por lo menos parcialmente.
El nuevo código de consumo catalán busca proteger a los ciudadanos a la hora de contratar créditos e hipotecas, garantizando que disponen de la información adecuada y poniendo coto a la publicidad engañosa.
Seijo fue quien llevó la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios ante el Tribunal de Justicia de la UE, y logró que Luxemburgo otorgase este año poder a los jueces para paralizar los desalojos como medida cautelar.
