MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Economistas Frente a la Crisis ha elaborado un 'Decálogo para Europa', que será presentado públicamente el próximo lunes, 28 de abril, en el que pide a la Unión Europea que establezca una política fiscal "contracíclica" que actúe "como un elemento de estabilización cíclica" y permita "crecer y crear empleo".
Asimismo, en este documento la asociación de economistas pide que reducir el desempleo sea "la prioridad de la política económica", ya que la tasa de paro actual "sigue siendo absolutamente inaceptable, especialmente entre los jóvenes".
También resaltan la necesidad de que el esfuerzo de los países sea "simétrico", puesto que este debe ser compartido entre los países deficitarios, aquellos con déficit en su balanza de pagos, y los países acreedores.
En esta misma línea, piden que la regulación financiera se reforme para "profundizar en los elementos de solidaridad interestatal y mutualización de riesgos", así como una reforma en la gobernanza monetaria para que el Banco Central Europeo (BCE) esté al servicio de la cohesión económica y social", adoptando políticas expansivas, tanto "convencionales como no convencionales".
AUMENTO DEL CRÉDITO Y DE LA INFLACIÓN
Paralelamente, solicitan un proceso de "suavización del desapalancamiento privado" mediante la estimulación del crédito y un crecimiento de la inflación para reducir el nivel de endeudamiento. Así, piden que el crédito fluya hacía las pymes, algo que se puede lograr a través de la "desfragmentación financiera".
Asimismo, señalan que las políticas medioambientales pueden ser "una de las palancas más efectivas para el cambio del modelo productivo europeo" y que la UE no debe abandonar su "apuesta decidida en la lucha contra el cambio climático".
Finalmente, indican que la arquitectura europea debe tener "un pilar social" para "garantizar el mantenimiento del modelo social europeo sobre la base de unos estándares mínimos en toda la UE", e inciden en la necesidad de reequilibar los poderes para "atajar el déficit democrático", puesto que consideran que los ciudadanos europeos deben tener una mayor capacidad de decisión sobre las resoluciones que les afectan.
