BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, insta a la Generalitat de Cataluña a cumplir la legislación estatal en materia de comercio, frente a la normativa de horarios comerciales que ha impulsado el Gobierno autonómico y que el Ejecutivo central ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC).
Tras clausurar este jueves la presentación en Barcelona del Informe de Fondos Soberanos 2012, el primero que se realiza en España, elaborado por Icex-Imvest in Spain, Esadegeo y KPMG, García-Legaz ha afirmado: "La Generalitat debe decidir: hay una legislación básica del Estado, que nunca ha sido recurrida, y la ley hay que cumplirla".
Frente al recurso del Gobierno ante el TC, el Gobierno catalán aprobó el martes en el Consejo Ejecutivo la memoria preliminar del anteproyecto de ley de medidas en materia de horarios comerciales con el objetivo de iniciar su tramitación con carácter de urgencia.
Este anteproyecto de ley, que recogerá el decreto ley aprobado por el Parlamento autonómico en diciembre --recurrido por el Gobierno por anticonstitucional--, se propone preservar el modelo comercial catalán.
El anteproyecto dispone que el máximo de horas semanales --de lunes a sábado-- sean 72 frente a las 90 del Estado, ocho festivos de apertura autorizada frente a los diez del Gobierno y que queden excluidos del horario comercial general los establecimientos de alimentación con una superficie de hasta 150 metros cuadrados.
Esta iniciativa responde a la voluntad de aclarar el escenario jurídico para los comerciantes por la coexistencia de dos normas --la estatal y la catalana--, y sobre todo, tras la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, según la Generalitat.
El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, lamentó en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que el ejecutivo catalán deba actuar de nuevo "para evitar una duplicidad normativa que acaba generando incertidumbre en el sector".
"Es incomprensible que, si hay una competencia como ésta, avalada por sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado interfiera constantemente", criticó Homs en referencia a la vulneración de las competencias del Gobierno catalán que supone el decreto del Gobierno central.
Precisamente este argumento es el que esgrime el Ejecutivo central para llevar al TC el decreto catalán, ya que considera que vulnera competencias estatales.
