MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la expropiación de un 51% de YPF por parte del Gobierno argentino ha supuesto un coste de 1.300 millones de euros a los pequeños accionistas de Repsol y asegura que defenderá los intereses de este grupo frente a la "injusta" nacionalización.
La sección financiera de la organización, OCU Inversores, expresa en una nota su "protesta" con la expropiación y explica que las pérdidas sufridas por los pequeños accionistas se deben a las caídas bursátiles experimentadas por Repsol desde el anuncio.
"Muchas familias españolas han visto volatilizarse parte de sus ahorros", asegura la asociación, que cifra en 500.000 el número de pequeños inversores y en un 10,8% la parte del capital de Repsol distribuida entre minoritarios, es decir, unos 132 millones de acciones.
Si se estima una reducción de valor de cerca de 10 euros por acción, se podría afirmar que las pérdidas de los pequeños accionistas españoles de Repsol podrían rondar los 1.300 millones de euros.
Ante esta situación, COU Inversores ha iniciado una campaña para defender por los derechos de los pequeños accionistas, que se han visto "seriamente dañados con esta decisión disfrazada bajo acto legal" a través de un decreto de expropiación.
"Lo más grave", a juicio de OCU, es que "de forma indirecta la pérdida de los hogares españoles podría llegar a multiplicar por cuatro esta cifra", ya que, salvo la parte de Repsol en poder de Pemex y otros grupos extranjeros, la gran mayoría de accionistas de la compañía son empresas como Sacyr o Caixabank que, a su vez, cuentan con amplios grupos de accionistas minoritarios.
"La OCU es consciente de la dificultad de revertir por la vía legal una decisión como la del Gobierno argentino, tan arbitraria y contraria a los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados", reconoce la organización, antes de indicar que, sin embargo, actuará en varios frentes.
ARGENTINA, UE Y REPSOL.
Entre ellos figuran el envío al Gobierno argentino de su "petición expresa y formal" para que anule la decisión y resarza los daños causados. Además, estudia la posibilidad de ejercer acciones legales en Argentina.
Junto a esto, pedirá al Gobierno español que adopte todas las medidas necesarias para revertir esta situación y proteger los derechos e intereses de los pequeños inversores, y solicitará al Ejecutivo que le tenga informada en su calidad de organización representante de los intereses generales de los consumidores y usuarios.
La organización también se dirigirá a la UE y a la propia Repsol en su determinación de defender los intereses de los pequeños accionistas, afirma.
