La oposición confía en que sirva de ejemplo para que no se repitan casos similares
BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento catalán sigue debatiendo el caso Pallerols 14 años después de que destaparse como trama de presunta financiación irregular de UDC mediante el desvío de subvenciones de la Conselleria de Trabajo y la UE para cursos de formación.
En la Comisión de la Sindicatura de Cuentas, los grupos han debatido el último informe del ente fiscalizador vinculado al Parlamento catalán relacionado con el caso Pallerols, correspondiente a las subvenciones del Fondo Social Europeo entre 1990 y 2001.
El informe señala que, con datos de principios de 2010, solo se han devuelto el 1,5% de las subvenciones que se revocaron por irregularidades, y el 92% de lo que se ha exigido se puede dar por perdido porque las empresas implicadas se declararon insolventes.
El importe total revocado fue de 6,1 millones de euros, que corresponde al 34% de los 17,9 millones que se otorgaron entre 1990 y 2001 a las entidades estudiadas (tres del empresario andorrano Fidel Pallerols, y otras tres).
El diputado del PSC Jordi Terrades ha considerado que después de 14 años "vendría siendo hora de cerrar esta cuestión", de la que ha destacado su gravedad desde el punto de vista normativo, aunque ha declinado hacer un juicio paralelo, ya que los procedimientos judiciales todavía están abiertos.
La diputada del PP Maria José García Cuevas ha lamentado la "irregular y como mínimo ineficaz gestión de las subvenciones europeas, y la falta de rigor constante".
"Es absolutamente escandaloso por el plazo, porque todavía hoy estamos intentando aclarar qué pasó, y porque durante tanto tiempo estas actuaciones pasasen desapercibidas", ha argumentado.
García Cuevas ha confiado en que el caso Pallerols sirva de ejemplo para que no se repitan casos similares en el futuro, idea que ha sido compartida por los diputados Jordi Miralles (ICV-EUiA) y Sergi de los Rios (ERC), quien ha puntualizado que ha sido "una de las situaciones más lamentables de la política catalana de las últimas décadas".
El portavoz de CiU, David Bonvehí, ha dejado patente el apoyo de su grupo al informe, aunque ha señalado que todavía se están recuperando importes de subvenciones revocadas.
Todos los grupos han coincidido en agradecer la asistencia del nuevo síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Jaume Amat, al que han trasladado su pésame por la muerte de su madre este lunes.
CASO PALLEROLS HOY
El caso todavía está en los juzgados, donde la Fiscalía presentó en febrero de 2010 peticiones de penas de hasta 11 años para ex dirigentes de Unió y ex altos cargos de la Conselleria de Trabajo del Gobierno catalán --entonces de CiU-- por malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en la presunta trama de financiación irregular de UDC con el desvío de cerca de un 10% de las subvenciones que debía servir para cursos de formación ocupacional.
Entre los seis acusados figuran Lluís Gavaldà, ex director general de Empleo de la Generalitat; la número dos de su departamento, Dolors Llorens --que había militado en UDC desde 1978 y era miembro del Comité de Gobierno como responsable de política social y consejera nacional desde 1992--; Vicenç Gavaldà, que fue secretario de organización de UDC entre 1992 y 1996, y secretario de relaciones institucionales de 1997 a 1999; y Santiago Vallvé, su colaborador y militante desde 1987.
Para el empresario andorrano Fidel Pallerols, la Fiscalía pide hasta 18 años por delitos contra Hacienda.
El caso, actualmente en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), inició su andadura en los tribunales en 2002, a raíz de un informe de la Guardia Civil (1990-1999) que detectó que algunos de los cursos para los que tres empresas de Pallerols (Andsa, Ceifsa y Teosa) recibieron subvenciones de la Generalitat y de los Fondos Sociales Europeos nunca llegaron a producirse y que, en más de la mitad, hubo irregularidades.
Según datos de la Sindicatura de Cuentas, el importe de subvenciones que recibieron las sociedades de Pallerols entre 1990 y 2001 fue de 8,5 millones de euros, 1.426,8 millones de las antiguas pesetas.
El análisis de la Sindicatura, que también hace referencia a otras tres empresas que también tienen abiertos procesos judiciales, detecta en las cuentas falta de facturas y de justificantes, así como adjudicaciones de fondos europeos sin realizar un concurso público previo.
Entre 1990 y 2001, la Generalitat otorgó ayudas para cursos de formación por un importe total de 1.730 millones de euros, de los que 736 fueron financiados por los Fondos Sociales Europeos.
