MADRID, 17 Dic. (EDIZIONES) -
Los desahucios y lanzamientos por impago de la hipoteca han sido uno de los problemas más visibles durante esta legislatura y que más protestas han generado en la calle. Aunque el actual Gobierno ha tomado medidas, no son pocos quienes piensan que son insuficientes y que hace falta seguir legislando para proteger a los deudores hipotecarios. A esto se comprometen de cara a las elecciones del 20 de diciembre:
PP
El PP defiende el éxito del Código de Buenas Prácticas Bancarias y de la moratoria antidesahucios que ha aprobado en los últimos años, y que ha favorecido la firma de acuerdos entre deudores y entidades financieras para reestructurar la deuda, aplicar quitas e incluso aceptar la dación en pago.
No obstante, en su programa electoral se compromete a "continuar garantizando la protección de los niños frente a los desahucios y desalojos", aunque sin dar detalles sobre cómo lo hará, y también asegura que incrementará el control de las cláusulas abusivas, asegurando que los clientes sepan "con precisión" qué están firmando.
Además, propone una reforma procesal en materia de desahucios para dar "más seguridad jurídica y claridad normativa", incluir un título sobre los desahucios de alquiler en la Ley de Enjuiciamiento Civil e impulsar las políticas de alquiler para familias desfavorecidas en el Plan de Vivienda 2017-2020.
PSOE
El PSOE quiere "blindar" derechos sociales como el de la vivienda en la Constitución y también modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para adaptarlas a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE sobre protección de deudores hipotecarios, obligando por ejemplo a las entidades financieras a eliminar de forma automática las cláusulas abusivas de las hipotecas.
Además, reformará la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar la mediación pública en la renegociación de la deuda y para que el juez pueda paralizar un desahucio si hay insolvencia justificada no dolosa y que pueda aprobar una dación en pago por el precio del préstamo, evitando así deudas de por vida. En estos casos, se facilitará el acceso a viviendas públicas de alquiler social, cuyo parque se incrementará con viviendas nuevas sin vender o vacías y de la Sareb o el FROB, y cuya gestión se abrirá a los ayuntamientos.
De hecho, también se impondrá una nueva tasa transitoria para los bancos que tengan viviendas desocupadas tras procesos de desahucio. Igualmente, se creará una Oficina Central Antidesahucios de ámbito nacional, se facilitarán las condiciones de acceso a la segunda oportunidad y se permitirá al juez valorar si los bancos fueron responsables en la concesión del préstamo para decidir si debe aplicarse una quita o una exoneración, que no podrá revisarse en los siguientes cinco años, como sucede actualmente.
CIUDADANOS
En cuanto a la formación naranja, cree que el desarrollo legal del derecho a la vivienda debe fijar qué parte del valor de la vivienda es inembargable para que se le entregue al deudor tras la ejecución en aras a que pueda pagar su alojamiento. Además, aboga por sancionar a las entidades financieras que den préstamos irresponsables y también por la expropiación forzosa del uso de una vivienda durante tres años en caso de familias en circunstancias especiales de emergencia social, que deberán pagar parte del justiprecio.
Sin embargo, en lo que se refiere a la segunda oportunidad, cree que la dación sólo debe reducir la deuda en el precio del piso, tasado de forma independiente, y que el resto del pasivo ha de renegociarse de forma extrajudicial, tiempo durante el que se seguirán acumulando intereses. En dicho acuerdo, o en el caso de concurso, se podrá llegar a la exoneración parcial o total, reducción de tipos o ampliación de plazos siempre que haya buena fe.
Ciudadanos se compromete en cualquier caso a asegurar una alternativa habitacional "digna" antes de proceder a un desalojo, aunque sin precisar cómo, así como a facilitar el acceso de familias numerosas y monoparentales a alquileres. Para ello, realizará una auditoría de las viviendas públicas vacías para ver cuáles pueden ponerse a disposición de personas en riesgo de exclusión.
PODEMOS
Podemos, por su parte, apuesta por paralizar los desahucios con una ley que regule la inviolabilidad del domicilio y prohíba los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, por despenalizar el uso de viviendas vacías y abandonadas, y por regular la dación en pago retroactiva con alquiler social garantizado para los deudores de buena fe.
Para ello, fomentará un parque público con viviendas de entidades financieras, inmobiliarias, fondos buitre o entidades de gestión de activos, sancionando a quienes teniendo más de diez pisos incumplan el deber social de la vivienda --con especial agravante en caso de abandono-- e imponiendo un impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
En cuanto a la segunda oportunidad, se facilitarán procesos simplificados con garantías de defensa, con opción de quita o dación en pago incluyendo créditos públicos y privados, e impulsará un proceso generalizado de reestructuración de deuda hipotecaria en familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos, o con ingresos inferiores a tres veces el IPREM para que la hipoteca se acerque al valor real del piso.
UNIDAD POPULAR (IU)
Unidad Popular promoverá una nueva Ley Hipotecaria que incluya la dación en pago para las nuevas hipotecas y una normativa de Segunda Oportunidad con carácter retroactivo que beneficie a quienes ya han perdido su vivienda. También impondrá una moratoria de la deuda hipotecaria sobre primera vivienda de familias con dificultades y paralizará cautelarmente durante un año prorrogable todos los desahucios de primera vivienda promovidos por bancos.
Entre sus propuestas se incluye asimismo prohibir a las administraciones públicas desahuciar, impedir cualquier embargo de la vivienda habitual, cancelar inmediatamente la deuda hipotecaria en caso de fraude o mala fe, eliminar de forma automática las cláusulas suelo, y crear una Oficina del Defensor de las Personas Endeudadas.
Para favorecer los alquileres sociales, la coalición a la que pertenece IU propone incentivos para las sociedades cooperativas en régimen de cesión de uso, un Registro de Viviendas Desocupadas y desincentivos --más impuestos o multas-- por viviendas desocupadas o por tener más de una vivienda en propiedad, con un IRPF progresivo. Los ayuntamientos también deberían poder aplicar gravámenes del IBI por pisos vacíos.
UPYD
Finalmente, UPYD aboga por apoyar un aumento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago para amortizar crédito, por limitar los intereses de demora en los préstamos hipotecarios, por incrementar la vigilancia del Banco de España sobre las prácticas abusivas en materia hipotecaria por parte de las entidades financieras, y por eliminar el castigo fiscal que supone beneficiarse de la dación en pago.
En este sentido, la formación magenta propone un modelo de 'fresh start' similar al estadounidense, en el que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor el pasivo se exonere por decisión judicial sin consentimiento del acreedor para permitir una verdadera segunda oportunidad a los ciudadanos.
