España registró 309 denuncias por discriminación racial en 2016, un 25% más, en especial por racismo institucional

España registró un total de 309 denuncias por discriminación racial durante el 2016, lo que supone un 25% más que en el año anterior (247 casos), y en especial por racismo institucional, según las conclusiones del informe anual sobre el racismo en el Estado español 2017 elaborado por la Federación estatal de SOS Racismo. El informe, que ha sido presentado este viernes 15 de septiembre en Madrid, refleja que la mayor parte de las denuncias que han llegado a las Oficinas de Información y Denuncia (OID) de SOS Racismo en España durante 2016 tienen que ver con el racismo institucional (82), seguidas de los conflictos y las agresiones racistas (51). Asimismo, se han presentado denuncias por problemas con la seguridad pública (46), denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (39), discriminación laboral (40), denegación de acceso a servicios privados (6.48%), problemas relacionados con agentes de la seguridad privada (40) o casos relacionados con la extrema derecha o el discurso del odio (11). Según ha investigación, el racismo institucional se mantiene en "niveles altos". Así, en 2014 este tipo de discriminación suponía el 23% del total de denuncias, mientras que en el 2015 descendió un punto y en el 2016 ha aumentado hasta el 26%. Las denuncias del pasado año han tenido que ver con hechos relacionados con trámites de extranjería (56%), de nacionalidad (27%), Centros de Internamiento CIE (7%) y denuncias referidas a actuaciones de cuerpos de seguridad. "Es un tipo de racismo que, efectivamente, no sale en los medios de comunicación, no es conocido, no genera grandes noticias", ha explicado el secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran. Los incidentes relacionados con cuerpos policiales y personal de seguridad privada, según se recoge en el estudio, han sido objeto de "abundantes" denuncias en los datos recogidos correspondientes a los tres últimos años. En el año 2014 suponían el 22% de las denuncias registradas, descendiendo al 18% en 2015 y al 15% en el 2016. Respecto los conflictos y agresiones racistas, el estudio apunta que en el año 2015 supuso, con diferencia respecto al resto, el primer tipo de discriminación registrado con el 28% de los casos, para situarse en el año 2016 en niveles similares al año 2014, (19% y 16%, respectivamente). Así, el 45% de estos hechos se han producido en el ámbito vecinal, mientras que un 39% se ha dado en el espacio público. "Las personas que lo sufren terminan muy tocadas porque se les está dañando su dignidad se les está haciendo de menos por ser de otro sitio o por tener el color de la piel diferente", ha subrayado, Mazkiaran, al tiempo que ha advertido de que "un insulto puede hacer mucho más daño que una agresión". Por otro lado, en 2016 se han registrado 39 casos de denuncia por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, un 31% sobre la asistencia sanitaria, un 5% sobre empleo, y un 64% respecto a otras administraciones. Además, se ha documentado 40 casos por la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados, un 28% relativos a la vivienda, un 30% a locales de ocio y restaurantes y un 7% a entidades bancarias. De este modo, la denegación el acceso a prestaciones y servicios privados ocupó el 11% del total de denuncias en el año 2014, frente al 8% en el 2015 y al 13% en el 2016; mientras que en el caso de las prestaciones y servicios públicos descendió del 18% al 12% entre los años 2014 y 2015 y se mantiene en este mismo porcentaje en el 2016. La discriminación laboral aumentó del 4% en el 2014 al 11% en el 2015 y se ha mantenido en estos porcentajes en el 2016 con un 13%. El documento señala también que los incidentes relacionados con extrema derecha y el discurso del odio hacen referencia a denuncias por contenidos racistas en redes sociales y pintadas. En relación con los delitos de odio, el informe refleja que, por primera vez desde hace cuatro años, en 2016 se observa un descenso en el número de atestados policiales de un 4,2% en relación a 2015, en base a los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior sobre incidentes relacionados con delitos de odio. Según Mazkiaran, en número de sentencias por este tipo de delitos ha descendido, a pesar de la reforma del Código Penal. Respecto a la edad de los denunciantes, tan solo dos personas eran menores de 18 años. Además, la mayoría son personas en situación regular, (177), frente a un total de 57 que no lo estaban. El estudio muestra también que 66 proceden de algún Estado miembro de la Unión Europea, entre los cuales, la mayoría eran personas de nacionalidad española. El secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo ha especificado que la población subsahariana es el colectivo que más sufre la discriminación racial; las víctimas son más hombres que mujeres. Por otro lado, sobre la judicialización de los casos, Mazkiaran ha apuntado que en ocasiones los denunciantes en sus oficinas después no quieren llevar el caso a la vía judicial "o bien porque no lo han creído necesario o bien porque ha habido temor a una contradenuncia". "Los casos relacionados con conflictos que se hayan tenido con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado originan de manera casi automática una contradenuncia por su parte", ha recalcado. De los casos denunciados en 2016, un total de 46 fueron a la vía penal. Durante su intervención, Mazkiaran ha puesto de relieve "la falta de herramientas normativas eficaces y efectivas" fuera del ámbito penal para resolver casos de discriminación y ha pedido, por un lado, una ordenación del artículo 510 del Código Penal y otros preceptos que "de manera bastante dispersa y desordenada" están regulando los delitos de odio, así como una legislación "concreta que proteja a las víctimas". "Todo esto se puede llevar a cabo", ha defendido, para recordar que en el Congreso existen varias iniciativas en trámite en esta materia. "Pedimos responsabilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí se ponga de acuerdo", ha remachado. Desde SOS Racisme Cataluña, Alba Cuevas ha detallado que en la región las denuncias más numerosas de 2016 han tenido que ver con agresiones por parte de la policía, sobre todo, por parte de la Guardia Urbana en casos de venta ambulante; seguidas de las agresiones entre particulares y las restricciones de acceso a servicios y prestaciones. Cuevas ha aclarado que la organización no ha constatado la existencia de casos de discriminación racista relacionados con el proceso soberanista en Cataluña, pero sí un incremento tras los atentados terroristas del mes de agosto en Barcelona y Cambrils. En concreto, ha indicado que a las pocas semanas se habían documentado un centenar de denuncias por mensajes racistas en redes sociales y en el apartado dedicado a los comentarios de los usuarios en noticias de medios digitales, pintadas en centros de culto religioso y algunas agresiones. En la presentación del informe también han participado otros representantes de la organización como el periodista y activista de SOS Racismo Madrid Moha Gerehou, quien ha afirmado que "denunciar el racismo en toda España tendría que ser una responsabilidad del Estado y no de una organización como SOS Racismo". Además, ha detallado que la comunidad negra ha sido la más atacada en 2016, pero ha avisado de que los ataques contra el colectivo magrebí están "escalando en los últimos meses".

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