ALCOBENDAS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una vecina de Alcobendas divorciada y con dos hijos menores, uno de ellos con parálisis cerebral, podría ser desahuciada en febrero de la vivienda pública que tiene en alquiler, porque debe 3.250 euros. Así lo ha denunciado la Plataforma Ciudadana de Apoyo a los Afectados por Desahucio que ha señalado que el 7 de noviembre será el juicio con la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)
Desde esta plataforma han explicado que Inmaculada no tiene ninguna "alternativa habitacional ni ninguna otra salida negociada por la empresa municipal" y que, por tanto, su situación es "desesperada". Asimismo, han denunciado "la dolosa inacción del Ayuntamiento de Alcobendas, administrador de Emvialsa".
"Solicitamos al Ayuntamiento que desista del desahucio y se reúna con Inmaculada para buscar una solución a su situación de indefensión, con Servicios Sociales y todas las concejalías implicadas. Cuando el Sr. Alcalde prometió, en un encuentro con ciudadanos, que "en Alcobendas nadie quedará en la calle por desahucio" entendimos que Emvialsa iba a ser ejemplar y ofrecer soluciones antes de llegar al conflicto, máxime cuando EMVIALSA tuvo 657.424 euros de beneficios en 2011 y gestiona más de 250 viviendas en alquiler para un Ayuntamiento con medios suficientes (hablamos de 18 millones sólo en tesorería y viviendas reservadas para emergencia social)", han dicho.
Desde el Ayuntamiento de Alcobendas han manifestado, en declaraciones a Europa Press, que "no es un tema de dinero, sino de incumplimiento de contrato". Y es que las viviendas en alquiler de EMVIALSA son públicas pero no son viviendas sociales, aunque tengan carácter social y, por tanto, tienen que regirse a las leyes vigentes.
"El sistema jurídico que mueve a estas promociones de vivienda está establecido desde el origen: si se produce situación de impago, el inquilino debe abandonar el piso que pasará a la siguiente persona adjudicataria en lista de espera. El incumplimiento de esta norma, iría en perjuicio del derecho de la otra persona que está en lista de espera", han apuntado fuentes municipales.
Asimismo, el Ayuntamiento de Alcobendas ha insistido en que "cuenta con la Empresa Municipal de la Vivienda para promocionar vivienda pública en alquiler o compra y con el Patronato de Bienestar Social para reservar plazas para vivienda social", lo que deja claro que "no tiene Emvialsa entidad alguna para no cumplir con lo que dicta la Ley".
Por último, desde el Consistorio alcobendense han aclarado que "la inquilina se enfrenta a su segundo procedimiento judicial" ya que "en el año 2011 acumuló una deuda similar que enervó abonando la deuda en el momento del procedimiento. A continuación dejó de nuevo de pagar, acumulando una nueva deuda y sin atender a ninguna de los requerimientos enviados por Emvialsa". "Ante su silencio y conforme a la Ley, Emvialsa debe dejar que el proceso siga su curso", han subrayado. No obstante, han dejado claro que "el alcalde está directamente encima del tema porque esto es un drama".
Inmaculada actualmente no cobra ni salario ni paro ya que cuando su padre fue operado del corazón necesitó pedir una excedencia de 4 meses en el supermercado que trabajaba, que tiene pendiente su reincorporación a que surja una vacante. El hijo recibe una ayuda por su discapacidad de apenas 80 euros al mes, pero se la pagan cada 6 meses y no llega para cubrir gastos.
