Sostiene que durante la crisis "la gente lo aguantaba todo", pero que con la recuperación, reclama su parte
MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, avisa de que las movilizaciones protagonizadas en los últimos meses por mujeres o pensionistas tendrán consecuencias políticas e insta a los políticos a escuchar, dejar de lado prejuicios e intereses y pactar.
"Aquí están pasando cosas. Que nadie crea que esto no tiene consecuencias. Sería bueno que alguien tratara de hablar y dialogar para pactar con quienes lideran de una manera o de otra este tipo de movimientos", sostiene en una entrevista concedida a Europa Press.
Fernéndez Marugán apuesta por "recuperar los viejos modos que se ejercieron en otro tiempo", en alusión a la Transición, y apunta que "cuando uno busca el entendimiento tiene que admitir que tiene que dejar algunas de sus firmezas relativas, prejuicios e intereses para dar entrada a las posiciones de otros".
Para el Defensor, las decisiones inamovibles dejan de serlo cuando se originan grandes movilizaciones en la sociedad española. Como ejemplo, pone la huelga feminista del pasado 8 de marzo, que precedió a las de las pensionistas. "En este momento las movilizaciones son muy importantes. Las pancartas, los eslóganes también lo son", asevera.
"¿HEMOS SALIDO DE LA CRISIS? PUES QUIERO MI PARTE"
Estas protestas de las últimas semanas son para Fernéndez Marugán un ejemplo más de que la ciudadanía quiere participar del reparto de la recuperación económica y ha augurado protestas masivas en los próximos meses.
"Hace ocho o nueve años, la gente lo aguantaba casi todo y se colocaba debajo del tablero tratando de sostenerlo. ¿Y Ahora qué hace? Dice: "No, no, ¿Dice usted que hemos salido? Pues me pongo encima del tablero y digo que se me escuche, que mis problemas tienen interés y que quiero participar en el montón nuevo que se acaba de crear", explica el Defensor.
A su juicio, la recuperación ha llegado a unos ciudadanos, pero no a otros y el discurso del Gobierno ha cambiado porque ahora tiene "un poquito que repartir" y, en este nuevo contexto, los españoles le avisan con las movilizaciones de que quieren participar en ese reparto, como, según ha recordado, ocurrió en los años ochenta. "Cuando se salió del atolladero, alguien dijo "yo quiero el reparto" y se organizó una buena", apostilla.
A su entender, el problema es cómo el Gobierno administra ese margen para no volver a la situación anterior y señala que para eso hace falta "escuchar a unos y a otros", además de "negociar y dialogar". "Eso se llama pactar, pero para eso hay que adoptar una actitud distinta de la que se adopta en este momento", advierte.
LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
Preguntado por el cálculo de revalorización de las pensiones, Fernéndez Marugán avisa de que se podría acudir ante el Tribunal Constitucional por este sistema a través de un recurso a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues, a su juicio, con el incremento del 0,25% durante años no se cumpliría con el artículo 50 de la Constitución que señala que las pensiones tienen que ser "adecuadas y periódicamente actualizadas".
"El creer que puedes someter al conjunto de la masa de los pensionistas a un empobrecimiento alargado en el tiempo, eso puede generar un problema y, si se produjera eso, alguien podría decir que la idea de que las pensiones se tienen que dotar materialmente de forma adecuada no se cumple", subraya el Defensor.
Advierte de que existe la posibilidad de que "alguien", en alusión a los grupos parlamentarios, acuda al Alto Tribunal ante "cualquier movimiento normativo", como puede ser la Ley de Presupuestos, pues para que se pronuncie sobre esta cuestión tiene que haber una norma. "El Defensor del Pueblo va si alguien se lo pide, pero antes están los grupos parlamentarios", aclara.
A su juicio, la cuestión está en "si se acepta o no que, a lo largo del tiempo, se produzca una merma en la capacidad adquisitiva de los pensionistas", como, a su juicio, ocurre con el mantenimiento de la subida del 0,25% y del porcentaje de gasto público en pensiones a lo largo de un periodo dilatado de tiempo. "El problema es cuánto, en qué condiciones y cómo se puede solventar este asunto", apostilla.
