Llegaban a cobrar entre 500 y 1.200 euros aproximadamente para el falso contrato de trabajo y regular así su situación en España
CÓRDOBA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Córdoba, han detenido a seis personas e imputan a otras cuatro personas acusadas de integrar un grupo organizado dedicado a facilitar falsos contratos de trabajo a extranjeros en situación irregular en España, con el fin de que estos pudieran regular su situación administrativa, llegando incluso a utilizarlos para solicitar la prestación por desempleo por los días que figuraban en los contratos que habían trabajado.
Según informa en una nota el Cuerpo Nacional de Policía, fruto de la compleja investigación los agentes constataron que los ahora detenidos utilizaban dos métodos básicamente para conseguir sus fines delictivos. Por un lado, y con anuencia de empresarios y autónomos, supuestamente creaban empresas ficticias con las que daban amparo de legalidad a los contratos que realizaban para los presuntos trabajadores extranjeros; o por otro lado, se apoderaban sin su consentimiento de datos de autónomos y empresarios reales, los cuales posteriormente utilizaron para confeccionar estos falsos contratos de trabajo.
Igualmente, los investigadores comprobaron que una vez realizados los falsos contratos de trabajo, por los que se llegaba a pagar entre 500 y 1.200 euros aproximadamente, estos eran presentados por los extranjeros en situación irregular ante las autoridades administrativas correspondientes, con el fin de regularizar su situación en España. Si bien en alguno de los casos, no sólo eran utilizados los falsos documentos para la regularización, sino también para solicitar el cobro prestaciones fraudulentas por desempleo.
Por todo ello, se procedió a la detención de la seis personas como presuntas autoras de los delitos de Falsedad documental, Estafa y contra los Derechos de los Trabajadores, así como a la imputación de otras cuatro personas por falsedad documental, incautándose los actuantes de diversa documentación que acreditaba la ilicitud de los hechos, tal como falsos contratos de trabajos, falsas memorias descriptivas y de justificación de empleadores, solicitudes de autorización de residencia y trabajo en diferentes subdelegaciones de Gobierno, certificados de empadronamientos.
