BRUSELAS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha sido tajante este lunes en Bruselas al asegurar que "no es cierto" que la Ley de Costas española discrimine a residentes extranjeros en las expropiaciones que se están llevando a cabo en la costa, pese a que la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, haya decidido investigar este supuesto.
"Estamos dispuestos a ofrecer toda la información que sea necesaria porque, desde luego, no es cierto lo que se está planteando", ha declarado la ministra a la salida de una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.
Espinosa ha subrayado que la ley española fue aprobada hace "muchos años" y "garantiza los derechos a todos los ciudadanos", además de no tener "nada que ver" con el movimiento de personas en la UE.
En opinión de la ministra, las dudas de Reding tienen que ver con "información distorsionada de lo que es la realidad" y por ello España responderá "tan pronto como podamos" con datos sobre la "igualdad de derechos" de todos los ciudadanos europeos y extracomunitarios que viven en el país.
En este sentido, Espinosa ha dicho que "no es la primera carta" que recibe por parte del Ejecutivo comunitario y que en el pasado hubo un "intento" para que responsables de su departamento comparecieran ante la Eurocámara y que volverán a intentarlo "para que todo el mundo conozca la verdad", ha dicho.
En su carta, Reding pide a la ministra Espinosa datos adicionales sobre el número de extranjeros afectados por las expropiaciones derivadas de la Ley de Costas, cómo se ha tenido en cuenta que los bienes fueron adquiridos "de buena fe" y las soluciones judiciales que tienen estos ciudadanos.
En el documento, con fecha de 15 de julio, la vicepresidenta de la CE reconoce que los derechos de propiedad y planificación urbanística son "competencia de los Estados miembros", pero advierte un "posible impacto" de esta ley en el derecho a la libre circulación.
Por ello quiere determinar si la Ley de Costas "cumple plenamente" con los requisitos de la Unión Europea, "incluida la no discriminación por razones de nacionalidad", según la misiva.
Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias.
La Eurocámara sí ha adoptado varios informes al respecto y en el último incluso amenazaba con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas.
