NUEVA YORK, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea General de la ONU ha decidido restablecer la controvertida referencia a la orientación sexual en la lista de motivos para crímenes injustificados contra las minorías, un apartado que ciertos países árabes y africanos habían logrado eliminar.
La votación del martes se ha celebrado por la iniciativa de Estados Unidos. Hasta 93 países votaron a favor, 55 lo hicieron en contra y otros 27 se abstuvieron. La Asamblea General vota cada dos años resoluciones de condena a ejecuciones, extrajudiciales y sumariales, entre otras.
Los grupos defensores de los Derechos Humanos han celebrado la decisión de la asamblea. "Estamos aliviados por el resultado", ha dicho Boris Dittrich, de Human Rights Watch. "Los países que trataron de hacer retroceder las protecciones cruciales para las personas gays y lesbianas han sido derrotadas", añade Dittrich.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, también elogió la adopción de la enmienda, al entender que envía un "mensaje claro y rotundo" de que la Justicia y los Derechos Humanos quedan aplicados a todos los individuos, independientemente de su orientación sexual.
En un comunicado, la Casa Blanca estima que la aprobación marca un momento importante en la lucha contra los Derechos Humanos y civiles, informa la BBC. Asesinar a personas porque son homosexuales no es "defendible culturalmente, sino criminal", y no debe "justificarse por los diversos valores morales o las variables perspectivas regionales", sostiene la Presidencia estadounidense.
En cambio, el embajador de Zimbabue ante la ONU, Chitsaka Chipaziwa, cree que no hay necesidad de que las disposiciones de Naciones Unidas se refieran explícitamente a la orientación sexual, razón por la que se negó a imponer la enmienda sobre las autoridades zimbabuenses. "No podemos aceptarlo, especialmente si implica aceptar prácticas como la zoofilia, la pedofilia y todas esas prácticas que muchas sociedades considerarían aberrantes en sus sistema de valores", prosiguió.
Chipaziwa comentó que "lo que la gente haga en su vida privada, con el consentimiento mutuo, no necesita del beneplácito o rechazo de los gobernantes, salvo allí donde estas prácticas están legalmente prohibidas".
