Señala los "retrasos intolerables" del Registro Civil Central, que privan de derechos a los ciudadanos
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo denuncia que "un número importante de ciudadanos españoles" que se han casado con extranjeros en terceros países se encuentran con problemas en los consulados a la hora de conseguir visado para su cónyuge, debido, por un lado, al "deficiente" funcionamiento del Registro Civil y, por otro, a la interpretación de la ley en la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, donde tratan estos casos como si fueran de inmigrantes que quieren reagrupar en España a sus parientes.
Así lo recoge el informe anual de la Alta Institución, en el que se pone como ejemplo de esta situación "que afecta a numerosas familias", el caso de un español casado en 2005 con una marroquí en aquel país, que solicitó la inscripción de su matrimonio en abril de 2008, sin que el Registro Civil haya procedido a la misma. La pareja tuvo un hijo en el año 2005 que tiene nacionalidad española y que, además, necesita de un tratamiento médico en España.
Pese a ello, el Consulado General de España en Rabat denegó en dos ocasiones el visado de estancia solicitado por su esposa al considerar que no acreditaba suficientes garantías de retorno. Cuando el Defensor del Pueblo se dirigió a la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, la administración contestó que admitiría el visado de la mujer si su entrada en España se tramitaba como las reagrupaciones familiares de los inmigrantes.
La Alta Institución "no puede compartir la solución que por parte de ese organismo se ofrece a las parejas que mantienen una relación debidamente probada con un ciudadano español o comunitario, consistente en iniciar el procedimiento de reagrupación familiar en régimen general" porque se "estaría exigiendo a los ciudadanos españoles" los requisitos previstos para inmigrantes, como tener una vivienda adecuada o garantizar que tiene autorización para residir en el país por al menos año y medio.
A juicio de la Oficina del Defensor del Pueblo, "la Administración está obligada a buscar una solución dentro del ordenamiento jurídico que dé satisfacción a las legítimas pretensiones de los interesados y garantice su derecho a vivir en familia" ya que, si bien "puede negar el reconocimiento de la condición de cónyuges", resulta "indiscutible su condición de pareja con la que el ciudadano español mantiene una relación estable debidamente probada".
El informe explica que las quejas recibidas "muestran que esta situación afecta a un importante número de ciudadanos españoles", cuyos cónyuges han solicitado visado ante distintos organismos consulares a fin de poder vivir juntos en territorio español, y apunta que el problema de fondo está en el Registro Civil Central, pues sin inscripción del matrimonio, la Administración no lo reconoce.
"RETRASOS INTOLERABLES" EN EL REGISTRO CIVIL
Según las conclusiones de la Defensora del Pueblo, el Registro está "colapsado", por lo que el trámite se demora "normalmente un tiempo mínimo de 18 meses" --un recurso puede tardar además 24 meses en resolverse--, durante los que "la persona afectada permanece privada de los derechos que le corresponden", una circunstancia que es "únicamente imputable al deficiente funcionamiento de la Administración".
"En muchas ocasiones estamos ante una unidad familiar compuesta por cónyuges e hijos con lo que la acreditación de la estabilidad de la pareja queda de sobra confirmada. La buena fe de los interesados, que sufren una situación únicamente atribuible al ineficaz funcionamiento del Registro Civil, obliga a la Administración a buscar, conforme criterios de razonabilidad, una aplicación más justa y ponderada de la norma", concluye el informe.
La Defensora detalla en el informe que si bien a lo largo del año pasado la Administración General del Estado puso en marcha una serie de medidas de modernización del Registro Civil Central, "las quejas que continúan recibiéndose parecen poner de manifiesto que a corto plazo las medidas adoptadas y ya aplicadas resultan insuficientes, ya que siguen registrándose retrasos intolerables".
"A la vista del volumen y la naturaleza de las quejas recibidas, a
juicio de esta Institución, los cambios legislativos previstos no bastarán para suplir las carencias detectadas en el funcionamiento de los registros civiles central, locales y consulares que exigen, desde hace años, una mayor dotación de medios humanos y materiales y su adecuación a las necesidades del servicio en las concretas áreas geográficas donde más se han concentrado las demandas", apunta.
