MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha pedido al Gobierno que no ejecute la expulsión de los 16 saharauis a quienes denegó asilo después de que llegasen a Fuerteventura el pasado 5 de enero en una patera, ya que considera que existe "riesgo de un daño irreparable" si estas personas son devueltas a Marruecos, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se encargó de presentar estos recursos ante el Tribunal de Estrasburgo después de que la Audiencia Nacional desestimara las medidas cautelares solicitadas por los saharauis, dando así vía libre a las autoridades españolas para ejecutar la orden de expulsión que pesaba sobre ellos desde que llegaron clandestinamente al país.
En su apelación, CEAR solicitaba la adopción de estas medidas extraordinarias por entender que estas personas sufrían una persecución en Marruecos por su condición de saharauis y que, además, corría peligro su integridad física si eran expulsados porque sus nombres y circunstancias personales habían sido difundidas en los medios de comunicación.
Según ha explicado el secretario General de la organización, Alfredo Abad, en declaraciones a Europa Press, el objetivo es conseguir que las solicitudes de asilo presentadas por estas 16 personas sean admitidas a trámite por el Ministerio del Interior y estudiadas en profundidad, ya que, tanto CEAR como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), consideran que hay "razones fundadas para ello".
Para conseguirlo, los 16 presentaron recursos ante la Audiencia Nacional contra la inadmisión a trámite de las solicitudes, pidiendo que la resolución del Ministerio del Interior fuera suspendida. El Tribunal se ha pronunciado ya sobre tres de los casos y, en dos de ellos, deniega la suspensión pedida.
Sin embargo, en el tercer caso la Audiencia Nacional ha decidido "suspender la ejecución de la Resolución del Ministro del Interior de 19 de enero de 2001, mediante la que se desestima la petición
de reexamen", y convocar tanto al letrado del saharaui en cuestión y la Abogacía del Estado a una comparecencia.
