Expone la política de integración desplegada desde 1990 en una jornada sobre contratación pública responsable de la Fundación ONCE
PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra apuesta por "seguir profundizando en la cultura de la integración" de las personas con discapacidad que viene desplegando en la Administración pública desde 1990, según ha asegurado el director general de Función Pública del Ejecutivo foral, Gregorio Eguílaz, con motivo de su participación en la quinta edición de las jornadas que organiza en Madrid la Fundación ONCE y el semanario económico El Nuevo Lunes. Las jornadas se desarrollan este año bajo el epígrafe 'Contratación Pública responsable: cláusula social para la integración'.
Eguílaz ha participado en una mesa redonda dedicada a analizar casos prácticos, en la que el responsable navarro ha desgranado la política de contratación de personas con discapacidad del Ejecutivo foral. El debate ha contado también con las intervenciones del sudirector general de Contratación del Ministerio de Defensa, Víctor Martínez, y la directora general de Contratación y Servicios del área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Matute.
El director de Función Pública ha expuesto los detalles de la política desarrollada en Navarra a partir del año 1990, año desde el que el Ejecutivo foral incluye una reserva de plazas en sus ofertas de empleo público para las personas con un 33 por ciento de discapacidad reconocida.
Según ha explicado, esta medida se ha venido complementando con nuevas iniciativas destinadas a favorecer la integración de esta parte de la población, de manera que, en la actualidad, en cada oferta pública de empleo se reserva un mínimo del 5 por ciento de las plazas para personas con discapacidad.
El Gobierno de Navarra, ha expuesto, determina qué puestos concretos se reservan a estas personas con la colaboración del Comité de representantes de personas con discapacidad de Navarra (CORMIN). Para la realización de las pruebas selectivas, se efectúan las adaptaciones en tiempos y medios que se consideran necesarias. En la elección de las plazas vacantes, las personas con discapacidad son las primeras en elegir y en las listas para contratación temporal, también son las primeras en optar a ser contratadas.
Además, desde 2010, se efectúa una convocatoria independiente de plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual. En concreto, el año pasado se realizó una convocatoria para 12 plazas y se adjudicaron todas ellas. Eguílaz ha asegurado que, según la evaluación realizada, el balance es positivo, porque todos estos nuevos funcionarios se han integrado satisfactoriamente y desarrollan su función de acuerdo con lo previsto.
Pasando a datos más generales, el director de Función Pública ha explicado que esta política ha permitido adjudicar 104 plazas de la Administración a personas con discapacidad, de las 330 reservadas en total en las convocatorias públicas realizadas en este período (54 vacantes más están pendientes de resolver, por diferentes circunstancias). Por áreas, 37 de las plazas adjudicadas desde 2005 están adscritas a la Administración General, 32 al sistema educativo y 35 al sanitario.
NUEVAS MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA
Como conclusión de su intervención, Eguílaz ha considerado que es necesario "seguir profundizando en la cultura de la integración de estas personas en el ámbito de la función pública" y hacer partícipe de ella tanto al colectivo de empleados públicos como a los ciudadanos usuarios de los servicios públicos.
A su juicio, conviene también analizar cómo van a afectar a este colectivo las perspectivas del empleo público en el futuro inmediato, en la medida que labores básicas están siendo sustituidas por procesos de gestión electrónica o son externalizadas en aras de una mayor eficiencia, lo que limita la oferta existente.
Por otra parte, ha considerado que es preciso incorporar medidas de discriminación positiva en las empresas que trabajan para el sector público, como la reserva de determinados contratos para su ejecución por entidades de carácter social o la incorporación en los pliegos de los contratos administrativos de la exigencia de que la empresa cumpla la reserva del 2 por ciento de sus trabajadores para las personas con discapacidad.
