MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un proyecto de ley para la reforma del Registro Civil en materia de incapacidades con el objetivo de mejorar la protección patrimonial y personal de las personas con discapacidad y reforzar la "eficacia" de sus inscripciones sobre las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar y la constitución de organismos tutelares.
Según explicó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta iniciativa no pudo ver la luz "por falta de tiempo" en la pasada Legislatura y aseguró que su nuevo envío "responde a un compromiso del Gobierno con el sector de la discapacidad".
Con esta medida, se cubrirá una carencia derivada de la regulación actual de la propia administración del Registro Civil, que dificulta la obtención de datos generales sobre el número y alcance de incapacitaciones que tienen lugar en España.
Así, el Gobierno consideró que, sin conocer la identidad de las personas afectadas por una modificación de la capacidad de obrar y su consiguiente sometimiento de la tutela, resulta "muy difícil" obtener una información importante a la hora de establecer el alcance real del "mapa de la incapacidad y discapacidad" en España, que facilite la puesta en marcha de políticas adecuadas de promoción y protección de este colectivo y sus familias.
La vicepresidenta subrayó, además, que se trata de un proyecto que centraliza todas las informaciones en el Registro Civil Central para facilitar las tareas de coordinación entre las distintas instituciones territoriales, relativas a las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar, la constitución o la modificación de organismos tutelares.
En cuanto a la protección patrimonial, De la Vega señaló que esta iniciativa, además de introducir la figura del patrimonio protegido, impone a los notarios la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la constitución y el contenido de un patrimonio protegido y legitima al fiscal para obtener información de organismos públicos sobre los mismos.
Este servicio acogerá también lo relativo a prórrogas o rehabilitaciones de la patria potestad, medidas judiciales sobre guarda y administración, vigilancia y control de tales cargos.
VALORACIÓN POSITIVA DEL CERMI
Según el Gobierno, el Proyecto de Ley establece la "necesaria publicidad" a través del Registro Civil, no sólo de los nombramientos de administradores o representantes legales de estas personas sino, incluso, de la propia constitución de dichos patrimonios. Asimismo, señaló que cuenta con una valoración positiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Por último, aseguró que medida es "importante" dado que en el título de su constitución, en particular cuando se integra con bienes que ya formaban parte del propio patrimonio del discapacitado, pueden haberse establecido autolimitaciones del poder dispositivo del titular de carácter preventivo.
