MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado que las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "invitando a acoger a inmigrantes en sus casas" a quienes se oponen a las 'devoluciones en caliente' evidencian una "falta de respeto" a los derechos humanos y una "frivolidad impropia" de un cargo del Gobierno.
El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha denunciado que la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana no obedece a "ninguna necesidad social" teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las manifestaciones y actos de protesta que se suceden en España "se desarrollan de forma pacífica".
En este sentido, ha calificado de "inquietante" constatar cómo buena parte del origen de la ley se encuentra en la "desconfianza" del Gobierno hacia la actuación independiente de los tribunales y ha censurado los indeterminados conceptos jurídicos sobre los que, a su juicio, se asienta la ley facilitando así "un elevado y peligroso margen de actuación policial sobre el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía".
ESTADO MÁS POLICIAL Y MENOS SOCIAL
"Desde Jueces para la Democracia valoramos con preocupación que en materia de derechos cada vez tenemos menos estado social y más estado policial", ha manifestado Bosch, para denunciar la "desorbitada y desproporcionada" cuantía de las multas ordenadas por "órganos administrativos vinculados al poder político".
Tras advertir de que la despenalización de las faltas para convertirlas en infracciones administrativas va a implicar una pérdida de garantías, ha puesto como ejemplo que una desobediencia leve a un policía se ha castigado hasta ahora por los tribunales con una multa de entre 100 y 200 euros, en función de la capacidad económica y con la nueva ley llegará hasta los 30.000 euros que serán impuestos por las autoridades gubernativas en un procedimiento sin las mismas garantías.
"En lugar de intentar convencer de su gestión con argumentos, desde el poder político se intentan silenciar las muestras de disconformidad. Y se pretende convertir el conflicto social inherente a una sociedad democrática en un conflicto de orden público propio de países autoritarios. La calidad de nuestra democracia constitucional será muy inferior tras este recorte de derechos y libertades", ha concluido.
