MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas para defender los derechos de los españoles en el extranjero, incluyendo más aulas para enseñar la lengua y cultura española y la remisión del censo de emigrantes a las comunidades autónomas para que puedan mejorar las prestaciones que destinan al colectivo, según ha anunciado en rueda de prensa la diputada Belén Do Campo, vocal en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
En primer lugar, ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que facilite a las comunidades autónomas que así lo soliciten el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a fin de mejorar los programas de ayudas destinados a sus ciudadanos en la emigración, en la defensa de sus derechos y deberes, para su próximo debate en el Pleno de la Cámara baja.
La diputada 'popular' gallega ha explicado que las comunidades autónomas y, especialmente aquellas con más población en el exterior, en el ámbito de sus competencias en materia de protección y apoyo de sus ciudadanos, han reclamado los datos del PERE en el marco de la colaboración y cooperación institucional con el Gobierno central, sin que hasta el momento "hayan encontrado respuesta".
Así, ha indicado que el Ejecutivo basa su negativa en que la Agencia Estatal de Protección de Datos no permite aportar los mismos a las comunidades, puesto que éstas no tienen las competencias en materia de emigración.
No obstante, ha apuntado que la normativa española, tanto la estatal como la autonómica, obliga a las administraciones públicas a garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos españoles, independientemente del lugar donde tengan fijada su residencia.
Además, ha señalado que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se marca el marco jurídico y las líneas básicas de la acción protectora del Estado hacia los españoles en la diáspora, fija el ámbito de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
En este sentido, la diputada del PP ha argumentado que para poder ofrecer la "adecuada" atención a la población residente en el exterior, por parte de los distintos gobiernos autonómicos, es imprescindible conocer la identificación concreta de esos ciudadanos y, para ello, son necesarios los datos del PERE.
APOYO A LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO
Por otro lado, Do Campo ha anunciado que el Partido Popular ha registrado otra proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de apoyar y mantener a las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) presentes en el extranjero, por la importancia y relevancia que tienen para la segunda y tercera generación de descendientes de emigrantes españoles aprender el español, para su debate en la Comisión de Educación.
Así, piden al Ejecutivo que mantenga y mejore las ALCE, disponiendo los medios técnicos y presupuestarios necesarios para que los alumnos alcancen los niveles exigidos en los correspondientes artículos, al tiempo que quiere que se amplíen las mismas a aquellos países cuyo idioma oficial no sea el español y en los que no exista una demanda suficiente por mantener los vínculos lingüísticos y culturales con España.
Es más, plantea la orientación de estas enseñanzas a la consecución del conocimiento de la realidad sociocultural y de la lengua española, teniendo en cuenta la importancia que ello supone para la segunda y tercera generación de descendientes de españoles. También, desea que el acceso al Diploma Español como Lengua Extranjera siga siendo gratuito para los alumnos de las ALCE.
ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
De acuerdo con el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, Do Campo ha comentado que es responsabilidad del Estado establecer programas que faciliten a los españoles residentes en el exterior el conocimiento del castellano --estas aulas creadas para la enseñanza complementaria de la lengua se reagrupan en el programa ALCE, perteneciente al Ministerio de Educación--.
Según ha denunciado Do Campo, los Presupuestos Generales del Estado para 2011, dentro del programa de 'Educación Exterior', que engloba a los ALCE entre otras iniciativas, contempla un recorte del 7,5 por ciento en relación con el año pasado. En 2010, dice que 14.500 alumnos se inscribieron en ALCE y para 2011 se prevé la misma cantidad.
"Es de sumo interés que se siga dando la posibilidad a estos alumnos españoles de aprender su lengua y su cultura, que de otra forma tendrían muchas más dificultades en conocer y aprender", ha apostillado.
UNA PETICIÓN YA REALIZADA
En este sentido ha indicado que, hace un año, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitó la comparecencia en la Comisión de Trabajo del presidente del Consejo General de Emigración, órgano consultivo del Gobierno para los temas relacionados con los españoles que viven fuera y, a pesar de que el Estatuto de la Ciudadanía obligue también a que se dé cuenta en las Cortes de lo que se está realizando en la materia, todavía no se ha dado respuesta.
Aprovechando que ayer fue el día de la mujer trabajadora, el PP también va a presentar una proposición no de ley y varias preguntas parlamentarias para que el Gobierno dé cuenta en los avances realizados a la hora de implantar medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género en el exterior.
MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
Según el último PERE conocido a 1 de enero de 2010, los españoles residentes fuera de España son ya más de 1,5 personas. "Constituyen una muy importante colonia en el exterior que se ha visto aumentada en los últimos años, en buena parte por la nueva emigración de ciudadanos obligados a salir fuera para encontrar trabajo", ha añadido.
El INE especificó que de este millón y medio de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, el 51,1 por ciento son mujeres y el 48,9 por ciento son varones. Atendiendo a la edad, el 14,3 por ciento tienen menos de 16 años, el 61,3 por ciento tiene de 16 a 64 años y el 24,5 por ciento 65 ó más años. Por continentes, el 60,1 por ciento está en América, el 36,9 por ciento en Europa y el 3 por ciento en el resto del mundo.
