MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
UGT ha denunciado este jueves que los familiares no comunitarios de emigrantes españoles que han retornado al país "tras las últimas modificaciones legislativas se están quedando en situación administrativa irregular y por tanto, también sin asistencia sanitaria", por lo que ha pedido a la Dirección General de Migraciones que adopte las medidas necesarias para solucionarlo.
En un comunicado, el sindicato explica que a estas personas de nacionalidades no europeas emparentadas con ciudadanos españoles "ahora se les exige que tengan un seguro privado que cubra lo mismo que la asistencia sanitaria del Sistema Nacional y Salud y acreditar que la familia tiene unos recursos económicos superiores a 8.513,26 euros anuales", recursos que los emigrantes españoles que han vuelto al país, en muchos casos, no tienen.
En concreto, afirma que el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones modificó el Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea variando los requisitos para que puedan residir en España tanto los
ciudadanos comunitarios como sus familiares.
"Ahora han de acreditar que son trabajadores por cuenta propia o ajena en España o que, en su caso, tienen medios económicos y un seguro de enfermedad público o privado", explica el sindicato, que recuerda que la nueva regulación que entró en vigor el día 11 de julio de 2012, se aplica a "todas las solicitudes de tarjeta de familiar de comunitario presentadas a partir del 24 de abril en adelante".
Esto implica, según UGT, que hay familiares no comunitarios de españoles retornados que obtuvieron su visado para venir a España y que a la hora de solicitar la tarjeta de familiar de residente comunitario, se han encontrado con la exigencia de nuevos requisitos: tener el citado seguro privado que cubra lo mismo que la asistencia sanitaria del sistema nacional de salud y acreditar que la familia dispone de recursos económicos suficientes.
"Teniendo en cuenta que muchos españoles retornados viven con pensiones o prestaciones mínimas (el subsidio de desempleo para emigrantes retornados o el de mayores de 55 años es de 426 euros al mes), no pueden acreditar los recursos económicos exigidos para que su cónyuge y/o pareja de hecho o descendiente pueda solicitar la tarjeta de familiar de residente comunitario e inscribirse en el registro" por lo que estos familiares quedan en situación irregular, concluye el sindicato.
