VALENCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Entidades Representantes de Personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana, CERMI-CV, denunció hoy a la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, la "grave situación laboral" que padece una mujer con discapacidad empleada en la administración autonómica que reclamó hace tres año un cambio de puesto de trabajo a otro adecuado a su situación, y que todavía no le ha sido concedido, según informaron en un comunicado fuentes de la entidad.
Esta mujer, de 46 años y personal laboral fijo de la Generalitat Valenciana desde hace más de 23 años, tiene un grado de discapacidad de un 65 por ciento, reconocida oficialmente y "está aquejada por una grave afección que ha reducido de manera importante su movilidad física", apuntaron.
Así, explicaron que en 2005, y debido al deterioro de su estado de salud, solicitó la adecuación de su puesto de trabajo, como auxiliar de laboratorio de Investigación, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), organismo adscrito a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria.
Sin embargo, señalaron que "ante la imposibilidad de conseguir dicha adecuación, su solicitud se convirtió en un cambio de puesto de trabajo y han tenido que pasar tres años para que este derecho le sea reconocido".
De este modo, la comunicación oficial del reconocimiento al cambio se produjo hace tres meses, aunque lamentaron que la mujer "continúa sin disponer de un puesto de trabajo adecuado a su discapacidad ya que Función Pública alega que, en estos momentos, no hay ninguna vacante".
La legislación europea y española sobre igualdad de trato en el empleo por razón de discapacidad obliga al empleador, público o privado, a adoptar los ajustes razonables que permitan a la persona con discapacidad desarrollar su actividad laboral con normalidad, ya que, de no ser así, la empresa puede incurrir en una discriminación por ausencia de igualdad de oportunidades.
En este sentido, consideraron que la Generalitat Valenciana "debe adoptar las medidas necesarias para ofrecer a esta persona presuntamente discriminada un puesto de trabajo acorde a sus circunstancias".
