MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las ONG que conforman la Red Española contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación han pedido al Gobierno que concrete qué tipo de colaboración con la justicia se exigirá a las víctimas de estos delitos para que puedan acceder a un permiso de residencia, detallando las condiciones en el Protocolo Marco que se encuentra en fase de elaboración.
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press la coordinadora de Proyecto Esperanza, Marta González, esta es una de las principales aportaciones sobre el borrador del Protocolo que las ONG miembros del Foro Social contra la Trata han trasladado este martes en una reunión a la Secretaría de Estado de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La legislación contempla que las víctimas extranjeras de trata de seres humanos tendrán que colaborar con la justicia en la investigación del delito del que han sido objeto para poder acceder a un permiso de residencia o renovar el que ya poseen. Para decidir si dan o no este paso, disponen de un periodo de reflexión de 30 días durante el que reciben apoyo y asesoramiento.
Sin embargo, ni la Ley de Extranjería ni el Reglamento que la desarrolla aclaran qué se entiende por "colaboración con la justicia". "¿Tendrá sólo que denunciar formalmente o además, necesitará aportar información esencial y relevante para la investigación, que se haya abierto un proceso penal, que se hayan producido detenciones o que exista una sentencia firme?", pregunta González.
En opinión de estas entidades dado que se trata de "un concepto fundamental a la hora de que la víctima pueda solicitar o se le pueda conceder un permiso de residencia y trabajo tras el periodo de reflexión", si no se concreta en el Protocolo Marco se incurrirá en "una inseguridad jurídica importante", que dejará a la persona afectada al arbitrio de la autoridad que evalúe su caso.
En esta línea, reclaman también que se precise qué elementos habrán de ser tenidos en cuenta cuando se analice la "situación personal de la víctima". "Habrá que valorar su salud, riesgo, posibilidad de rechazo o exclusión en la comunidad de origen si retorna, entre otros factores. Es una valoración que requiere muchos aspectos diferentes y que no se ha definido", explica.
Asimismo, las organizaciones, que tienen hasta el jueves para registrar por escrito sus propuestas, piden que a la hora de decidir la concesión de un permiso de residencia a una víctima extranjera, se tenga en cuenta si está participando en un programa de apoyo, recuperación con alguna ONG especializada, para que se le pueda dar el permiso de residencia aunque no haya denunciado su caso.
Por otra parte, la Red solicita que se incluya la detección de víctimas de trata en los procedimientos de asilo, ya que el protocolo detalla el modo de actuación en frontera, centros de migraciones, centros de internamiento o inspecciones de trabajo, pero no menciona la protección internacional, cuando, según ha señalado González, "es a raíz de muchas solicitudes de asilo donde se detectan personas que pueden haber sido víctimas de trata".
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ONG
El Foro Social contra la Trata también presentará aportaciones sobre el papel de las entidades especializadas en lucha contra la trata porque consideran "fundamental" que en el protocolo quede "garantizada" su participación en el proceso de asistencia a las víctimas.
"Proponemos que se garantice que desde el primer momento, la autoridad que haya tenido conocimiento de un posible caso de trata va a informar y a contactar a las organizaciones, para que desde ahí se articule la posibilidad de que informemos y asesoremos a la víctima, valoremos sus necesidades básicas, su situación personal y de riesgo, y podamos ofrecerle todos los recursos disponibles", ha señalado.
Las entidades, que toman el protocolo italiano contra la trata como modelo para esta reivindicación, recuerdan que ONG especializadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben "desarrollar un trabajo complementario" en la protección de las víctimas. "Cuando lo hacemos es cuando realmente las intervenciones tienen más éxito y se pueden proteger todos los derechos. Debe ser una actuación complementaria y eso debe quedar absolutamente claro y definido en el protocolo", ha añadido González.
