Foto: CONGRESO
Anuncia que la reforma del IRPF incluirá que las subvenciones tributen sólo cuando se hayan materializado, no antes
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que el número de solicitudes de asilo que se cursan en España es muy bajo en comparación con las que reciben los países de la UE y plantea que se establezca una mayor colaboración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en las fronteras de Ceuta y Melilla para que las autoridades distingan a los migrantes económicos de los potenciales refugiados.
"Tenemos que intentar delimitar la inmigración irregular del asilo, porque los solicitantes en España, en proporción a otros lugares de la UE son un número muchísimo más bajo. ACNUR podría colaborar con nosotros para diferenciar y tratar adecuadamente a aquellos grupos de personas que quieren entrar en España porque vienen huyendo de la guerra, fundamentalmente", ha señalado.
Es una de las ideas que ha planteado este jueves la Defensora del Pueblo desde la tribuna de oradores del Congreso, donde ha comparecido para someter a debate y votación su informe anual 2013, del que ya diera cuenta en la correspondiente comisión parlamentaria y del que ha destacado aspectos como las quejas y recomendaciones en materia económica, protagonistas el año pasado, o las actuaciones en inmigración.
En la institución, según ha dicho, "preocupan los problemas de la presión migratoria que en este momento llega a España, la situación de las ciudades de Ceuta y Melilla", un problema que "no es un de España sólo, sino de la Unión Europea". "Marruecos, que colabora estrechamente (...) no tiene capacidad suficiente para controlar las enormes fronteras y a su vez la presión que tiene desde el este y el sur", ha afirmado.
La Defensora ha afirmado que la Alta Institución está "vigilante y muy atenta", visita las ciudades autónomas y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, "que están sobreocupados", y ve "la actuación de los funcionarios españoles que están en estos centros" y, que según ha dicho, "son muy correctas".
También se ha referido a la actuación allí de las fuerzas de seguridad: "Merecen nuestro respeto, estas fuerzas que hace pocos días aquí, en el Paseo de la Castellana, han sido brutalmente agredidas", ha señalado en relación a los disturbios tras la Marcha por la Dignidad del domingo en Madrid.
EL "ENGAÑO" DE LAS PREFERENTES
En materia económica, la Defensora ha hecho un repaso por sus actuaciones en ámbitos como las recomendaciones elevadas al Banco de España, la CNMV o el Ministerio de Economía sobre las participaciones preferentes, con las que "se ha engañado a decenas de miles de familias"; o las realizadas sobre deudores hipotecarios, que han conseguido según ha dicho, que haya "mejorado la situación" y se hayan "detenido en dos años, de momento, los lanzamientos de personas en situación vulnerable".
En esta línea, ha puesto en valor la última de las recomendaciones elevadas que ha escuchado la administración, en este caso, el Ministerio de Hacienda, que ha aceptado introducir en la reforma del IRPF una previsión para que los beneficiarios de subvenciones públicas no tengan que tributar por ellas hasta que las hayan recibido y no desde la concesión, como ahora.
"Veníamos insistiendo en que no se puede tributar mientras no se reciba la subvención que te pueda corresponder y que no vale la mera concesión, sino la materialización de la misma: cuando se materialice es cuando se tributa. Ayer nos decía al Ministerio de Hacienda que así va a hacerlo en la nueva legislación relativa al IRPF", ha anunciado.
Por otro lado, se ha referido al Estatuto de la Víctima para reiterar que en su opinión, debería "singularizar" a las víctimas del terrorismo y "las ayudas y apoyos que la sociedad tiene la obligación de darles en el futuro". Del mismo tema ha hablado cuando se ha referido a la anulación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la llamada doctrina Parot, que ha definido como "muy dura para las víctimas y para España" y de la que ha comentado la "celeridad" con que fue aplicada, suscitando las críticas del PNV y Amaiur.
DOCTRINA PAROT
Su portavoz, Emilio Olabarría, tras afirmar que Becerril "penetra con una frecuencia digna de mejor causa en materias ajenas a su competencia", ha pedido a la defensora que se olvide "de determinadas doctrinas y cómo se aplican determinadas sentencias y haga de verdad con la beligerancia debida lo que tiene que hacer". Su posición sobre la doctrina Parot, según ha apuntado, "está alineada con determinados planteamientos políticos de carácter partidista y muy ideologizados".
En esta línea, el portavoz de Amaiur, Jon García Iñarritu ha afirmado que el Defensor del Pueblo "no debe apostar por un hecho contrario al Derecho y que lo haga como garante de las víctimas choca aún más cuando una institución como la suya nunca ha realizado un pronunciamiento por los indultos a los condenados por terrorismo de Estado".
En las intervenciones de los grupos se han producido otras críticas, como la de Izquierda Plural, que ha rechazado el "moderado optimismo" de Becerril porque dice su portavoz, Caridad García, que no se ajusta a la realidad, o de CiU, que ha instado la creación de "un protocolo que impida la subjetividad" de la Institución en sus actuaciones, porque considera que "debe ser imparcial", como ha señalado Carme Sayós i Motilla.
El Grupo Socialista, por su parte, ha instado a la Defensora a incrementar su labor de control en materia de protección social, ya que, según ha señalado el portavoz, César Luena, "el Gobierno no ha hecho ni caso a las recomendaciones", como en materia de sanidad para los inmigrantes en situación irregular. Asimismo, ha pedido "más esfuerzo" en el control de la Ley de Seguridad Ciudadana y sobre la práctica de las identificaciones policiales basadas en perfiles raciales.
