Actualizado 25/08/2009 18:09

Un sin papeles condenado a pagar 5.000 euros en la primera sentencia por inmigración ilegal en Italia


ROMA, 25 Ago. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Gloria Moreno) -

El primer condenado a pagar una multa de 5.000 euros por el recién instaurado delito de inmigración clandestina es un joven palestino de 28 años, según publicó hoy el diario 'La Repubblica'.

La nueva norma, que ha sido impulsada por el Gobierno de centro-derecha que dirige Silvio Berlusconi, entró en vigor el pasado mes de julio y ha generado un intenso debate en Italia, donde numerosos sectores, empezando por el principal partido de la oposición, aseguran que es anticonstitucional.

Ahora, casi dos meses después de la aprobación definitiva, ha sido pronunciada la primera sentencia de condena contra un joven palestino nacido en Jordania que dice llevar cuatro años y medio en Italia.

Según el diario, el hombre, de 28 años, fue arrestado a mediados de agosto por robar una bicicleta. "Soy un trabajador, vendo chaquetas de piel y gano dinero limpio. No tengo el permiso de residencia pero un amigo ha dicho que me lo conseguirá", declaró tras conocer la sentencia.

'La Repubblica' asegura que además de él, ya han sido acusadas por el mismo delito 38 personas. Asimismo, la nueva ley también se aplicará a los cinco supervivientes del naufragio que la semana pasada se cobró la vida de más de 70 inmigrantes cerca de las costas italianas.

El Gobierno italiano también ha demostrado su mano dura contra la inmigración con el rechazo directo de al menos 14 barcazas ilegales interceptadas en alta mar. En lugar de conducir a los inmigrantes a Italia, las autoridades italianas ordenaron su repatriación inmediata a Libia, negándoles así el derecho a solicitar asilo político.

Esta circunstancia ha llamado la atención de numerosas organizaciones humanitarias y también de Naciones Unidas, que ve en este modo de proceder una vulneración de los derechos fundamentales del hombre.

De hecho, el diario 'La Repubblica' publicó hoy que la gran mayoría de los repatriados tenían derecho a asilo político, ya que procedían de países con dudoso respeto de los Derechos Humanos, tales como Eritrea, Somalia o Etiopía.