Ararteko pide hacer "el máximo esfuerzo" para "reforzar las circunstancias" que nos conduzcan al final de ETA

VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko, Iñigo Lamarca, se ha felicitado por la "ausencia de actividad criminal por parte de ETA" y ha insistido en que es necesario exigirle a ETA "su disolución incondicional desde una posición de defensa de los derechos humanos" porque "a todos corresponde hacer el máximo esfuerzo por reforzar las circunstancias que conduzcan inexorablemente al final del horror padecido en las últimas décadas".

Lamarca ha presentado en el pleno ordinario del Parlamento vasco el Informe del Defensor del Pueblo vasco-Ararteko correspondiente al año 2012 en el que se atendieron 11.770 quejas, frente a las 8.252 del año 2011, lo que supone un incremento de un 42,60 por ciento.

Tras evaluar la actuación de la Administración objeto de la queja, concluyó que existía alguna actuación incorrecta en el 55 por ciento de las quejas analizadas. La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 85,78 por ciento de los supuestos.

En su intervención, Lamarca ha destacado la ausencia de actividad criminal por parte de ETA en el año 2012, tras su anuncio público, en octubre de 2010, del cese de la violencia. "No ha habido personas asesinadas ni heridas, ni amenazadas, ni coaccionadas ni extorsionadas. Es una excelente noticia para los derechos humanos", ha subrayado.

Sin embargo, ha insistido en que es necesario exigirle a ETA "su disolución incondicional desde nuestra posición de defensa de los derechos humanos" porque "a todos nos corresponde hacer el máximo esfuerzo por reforzar las circunstancias que nos conduzcan inexorablemente al final del horror que hemos padecido en las últimas décadas".

En este sentido, ha apostado por trabajar para "alumbrar un nuevo tiempo histórico en Euskadi basado sin excepciones en la ética del respeto y protección de los derechos humanos y de los valores que los sustentan, así como en el cumplimiento íntegro de los derechos de las víctimas de los grupos terroristas recogidos en el ordenamiento jurídico".

Lamarca ha recordado que los derechos a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la reparación y a la participación de las víctimas del terrorismo, recogidos y regulados en la ley vasca 4/2008, "no han sido todavía dotados íntegramente del contenido previsto en la ley ni implementados en toda su plenitud", lo que constituye una doble exigencia: legal y ética".

Respecto a las víctimas de ETA y de "los demás grupos terroristas que han operado en Euskadi", ha subrayado la necesidad de "seguir desarrollando y profundizando en lo relativo a sus derechos" y ha hecho referencia a "las víctimas de la tortura de determinadas actuaciones policiales" para insistir en la necesidad de "seguir avanzando con determinación y premura, con el fin de esclarecer sin cortapisas la realidad de esas terribles vulneraciones de derechos humanos y de reconocer cuanto antes los derechos a las víctimas posteriores a la promulgación de la Constitución de 1978".

En materia de política penitenciaria, ha recordado que la institución siempre ha defendido la "conveniencia" de que Euskadi asuma las competencias penitenciarias que recoge su Estatuto de Autonomía. "Se trata de que la sociedad vasca se responsabilice del uso que en su nombre se hace de la ejecución penal, que conozca sus consecuencias y, desde parámetros de justicia social, promueva el diseño y gestión de un modelo penitenciario propio, que no aumente la marginación ni cronifique, como con tanta frecuencia sucede, los factores que inciden en la comisión del delito por parte de la mayor parte de las personas que pueblan nuestras prisiones", ha defendido.

POLITICA PENITENCIARIA

Respecto al tratamiento penal y penitenciario de los delitos de terrorismo, el Ararteko ha defendido que "toda persona presa, más allá del delito que haya cometido, debe cumplir su condena en el régimen que mejor favorezca su reinserción" y ha advertido de que esta demanda "no se ve contradicha, sino reforzada, por nuestra constante condena de ETA y de cuanto ETA representa".

Por eso, ha insistido en la necesidad de que todas las personas presas cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen, así como la aplicación a todas ellas de los distintos supuestos de excarcelación previstos en las normas comunes, como pueda ser el haber cumplido determinada parte de su condena o el padecer una enfermedad incurable.

En esta línea, ha subrayado que la denominada 'doctrina Parot' supone "un cambio de las reglas del juego que vulnera el principio de previsibilidad sobre el alcance de las consecuencias punitivas previstas en la Ley, con el efecto de prolongar el periodo efectivo de cumplimiento de la privación de libertad". Por ello, ha reiterado su petición de que "se eliminen las disposiciones especiales relativas a grupos y delitos terroristas que impiden la concesión del régimen de tercer grado y el acceso a la libertad condicional".

RECLAMACIONES

En función del área temática, en el 2012 aumentaron "de forma extraordinaria" las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social registrándose un total de 1.010, experimentado un incremento de un 3.056 por ciento en dos años. De ellas, casi el 90 por ciento --875 quejas--, se refieren a problemas diversos relacionados con el "mal funcionamiento" de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

El 56 por ciento de las quejas recibidas en el Ararteko tienen relación con derechos sociales --educación, sanidad, protección social, vivienda_ y un 65 por ciento de las quejas tiene que ver con las prestaciones, recursos y políticas públicas derivadas de las exigencias del Estado social.