MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "utilizar" información fiscal como la de la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, en época electoral "no hace más que contaminar el debate de las ideas y añadir elementos que son impropios de una leal contienda política".
"Yo creo que utilizar esa información, ese tipo de elementos, con ocasión de la dialéctica legítimamente democrática en materia electoral no hace más que contaminar el debate de las ideas y añadir elementos que son impropios de una leal contienda política", ha sentenciado.
Sobre este mismo asunto, tras indicar que "tampoco la Agencia Tributaria ha iniciado una investigación para aclarar el origen (de la filtración de los datos de la renta de Aguirre de 2013)", ha incidido en que "no tiene por qué ser necesariamente el origen la Administración Tributaria", sino que "hay otras posibilidades de que esa información pueda haberse filtrado", ha señalado.
En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la inauguración esta tarde en Mérida (Badajoz) de las IX Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Procuradores de España, el ministro ha lamentado asimismo que "en campaña electoral algunos piensan que vale todo" y que "se utiliza a veces el funcionamiento normal de la justicia para que parezca que está habiendo algunas actuaciones contra alguien".
Así, en referencia al caso "con una gran relevancia" conocido este pasado jueves, ha dicho, sobre una "actuación en Valencia que parecía que sucedía algo extraordinario", ha señalado que "lo que sucedía es que alguien había presentado una denuncia y la Fiscalía le había dado trámite simplemente". "Y sin embargo se quería hacer aparecer como que había algunas investigaciones extraordinarias contra una persona", ha incidido.
De este modo se ha referido, sin citarlo, sobre la decisión de la Fiscalía de investigar los gastos de representación de la primera edil de Valencia y candidata 'popular' a la reelección, Rita Barberá, y de su equipo de gobierno entre 2011 y 2014 a raíz de la denuncia presentada por Compromís y que hizo pública en la web 'Ritaleaks'.
FILTRADORES
Además, preguntado sobre si desde el Gobierno central se va a actuar contra los 'filtradores del Estado', bien sean de Hacienda o de los tribunales, Rafael Catalá ha recordado que "actualmente está regulado tanto en el régimen disciplinario de los empleados públicos como en el Código Penal la figura sobre la revelación de secretos o la filtración de documento".
Sobre este respecto, ha añadido también que "por parte de la Administración de Justicia, cuando se identifica alguna irregularidad en el funcionamiento de la administración se investiga, se aclara y se sanciona a los responsables", y ha incidido en que "ese es el normal funcionamiento de la administración pública o de la administración de justicia en el ámbito jurisdiccional o burocrático de la administración del Estado".
"Es lo que hay que hacer, yo creo, aplicar las normas, aplicar las leyes, tanto de la Administración Pública para los funcionarios como del Código Penal si es que una actuación pueda tener esa relevancia penal, y si se identifica al responsable de una actuación aplicarle con todo rigor la legislación vigente", ha declarado.
LA FUERZA DE LA LEY
En cuanto a la opinión que le merecen personas que puedan filtrar supuestamente desde la Administración del Estado, ha señalado que a "todos" les "interesa" que este tipo de circunstancias "se esclarezcan".
"Yo creo que a todos nos interesa que este tipo de circunstancias cuando suceden se esclarezcan, se sepa quién es el responsable y se garantice el buen funcionamiento de los servicios públicos", ha declarado.
El ministro ha insistido, en este punto, en que si el caso hipotético se refiere a una "revelación de secretos", entonces "es un delito", y ha subrayado que en ese supuesto "hay que reprimirlo con toda la fuerza de la ley".
Ha reiterado igualmente que desde el punto de vista de la Administración Pública "también cualquier revelación de secretos, cualquier incumplimiento del deber de sigilo, de guarda documental que tienen los funcionarios públicos es una infracción grave", y ha incidido en que esa supuesto incumplimiento le parece "absolutamente reprochable".
