Amenaza con medidas "penales" si el Ejecutivo autonómico retira los contenciosos para la reposición de la legalidad urbanística
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista Adega avanzó hoy que recurrirá el convenio de colaboración que prevén firmar el Ayuntamiento de Barreiros, la Diputación de Lugo y la Xunta, al considerar que pretende "reparar" las "ilegalidades" urbanísticas registradas en el municipio "a costa del dinero público", que ve "una malversación" de fondos.
Dicho acuerdo --explica la asociación--, que asciende a case 13 millones de euros, tiene el objeto de dotar de abastecimiento a más de 3.000 viviendas cuya construcción paralizó la anterior Consellería de Política Territorial, al estar reguladas por unas normas subsidiarias de 1994 "no adaptadas a la legislación vigente", en concreto a la Lei do Solo.
En rueda de prensa, el secretario xeral de Adega, Froilán Pallín, explicó que el Ayuntamiento de Barreiros concedió 44 licencias urbanísticas para proyectos de edificación "sin contar con las más mínimos servicios de saneamiento" --abastecimiento agua potable, energía eléctrica, aguas residuales-- y "sobre el mismo borde del litoral". "No podían ser considerados suelos urbanos consolidados", aclaró.
Además, señaló que esta "aberración manifiesta" supone un "desaforado crecimiento urbanístico" que "sobrepasa" la capacidad de las infraestructuras del municipio, que cuenta "con apenas 3.500 habitantes".
Entre otros aspectos, señaló que "más de 3.000" viviendas contaban "con el informe en contra de la secretaria municipal" y que el Ayuntamiento "renunció" a la cesión --por parte del promotor de la construcción-- de suelo necesario para "accesos o servicios".
"La Xunta en 2007 suspendió al vigencia de estas normas subsidiarias por considerar que no se adaptaban para nada a la legislación vigente", explicó. Así, tras establecer un requerimiento para la revisión de oficio de las licencias otorgadas a partir de 2006 "que no atendió el Ayuntamiento", la Administración "llegó a plantear medio centenar de recursos administrativos".
"MEDIDAS PENALES"
Por ello, consideró que el impulso al presente convenio por parte de la Xunta supone la "confirmación de facto de la ilegalidad" de las licencias denunciadas y, en su opinión, "una malversación de dinero público", puesto que prueba la "evidente" situación irregular de las concesiones a las que ahora se pretende de dotar de servicios.
Así, avanzó que Adega se personará en el Juzgado de Mondoñedo para acompañar la denuncia del Fiscal y asegurar "que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias en la depuración de responsabilidades".
Finalmente y tras reiterar que la entidad "recurrirá el convenio si llega a ser definitivamente firmado", amenazó con emprender "medidas legales e incluso penales" en caso de que la Xunta decida retirar los contenciosos-administrativos interpuestos contra la situación "irregular" de las edificaciones en el municipio.
