PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Jueces para la Democracia (JPD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido al Ejecutivo central que la ejecución de una hipoteca a quienes no tengan ingresos suficientes para pagarla les exima del pago de la deuda al banco, de forma que la interpretación del marco normativo "se adapte a la realidad social que tenemos hoy día y que es distinta a hace tres años, ya que la actual situación de crisis ha provocado en las familias un sobre endeudamiento, que se suma, en muchas ocasiones, a la pérdida del empleo".
Tras la reunión anual de los Secretariados de JPD y UPF, celebrada en Palma, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró y portavoz de Jueces para la Democracia, María Calvo, ha criticado que la respuesta que está dando la Justicia, respecto a la ejecución de las hipotecas, "no sólo conlleva la pérdida de la vivienda, sino la persistencia del pago de la deuda, incluso después de haber perdido el piso".
De este modo, ha considerado "injusta" la actual respuesta del Ordenamiento Jurídico, que establece que ante el impago de una cuota hipotecaria, la entidad financiera que actúa de acreedora puede acudir al vencimiento anticipado de toda la deuda pendiente y forzar la subasta del inmueble, que puede quedarse el propio acreedor por el 50 por ciento del importe que él mismo fijó al escriturar, a pesar de lo cual podrá continuar la ejecución por el resto de la deuda contra todos los bienes, presentes y futuros del deudor.
Ante tal situación, JPD y UPF advierten de que "el riesgo de que se propague la marginación social es serio", dado que el endeudamiento de las familias está provocando un "desmembramiento del tejido social, que es el que sostiene el consumo y el ahorro".
"La protección de las familias es básica para lograr una recuperación rápida de la crisis y, por eso, queremos asumir la parte que nos toca a la hora de interpretar el ordenamiento jurídico de la forma más favorable posible a la realidad social que nos ha tocado vivir siempre dentro de los márgenes legales", ha aseverado Calvo.
Mientras tanto, ha apuntado que fuera de los márgenes legales, ambas asociaciones solicitan al Estado que "se regule la posibilidad de que la entrega de la vivienda a la entidad financiera produzca la extinción del crédito", teniendo en cuenta que la actual situación de crisis, que está provocando numerosos impagos por parte de las familias "no la han provocado los ciudadanos, pero sí la están padeciendo".
IMPEDIR LA COMPRA POR DEBAJO DE SU VALOR TASADO
Además, ambas entidades reclaman al Ejecutivo central que se modifique el proceso de ejecución "impidiendo que pueda adjudicarse en subasta el inmueble muy por debajo de su valor tasado", anulándose así la posibilidad de que la entidad financiera pueda adquirir la vivienda por el 50 por ciento del importe que ella misma fijó para su venta. Al mismo tiempo, consideran que "en último término, la adjudicación debería producirse a favor del acreedor por el valor de la deuda".
Por otro lado, JPD y UPF piden al poder legislativo y al Gobierno que se legitime al juez de la ejecución para que "modere o suspenda el devengo de intereses moratorios durante el plazo de regularización de los pagos periódicos", con el fin de que se pueda conseguir la "recuperación del tejido social".
De esta manera, Calvo ha manifestado que ambas asociaciones de jueces y fiscales se sumaa a la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados, que pedía que se eximiera de pagar la deuda a aquellos que se quedaran sin vivienda, tras la imposibilidad de pagar la hipoteca a la entidad financiera. Sin embargo, ha lamentado que esta iniciativa "no prosperó, porque el PP y el PSOE se opusieron a la misma.
Por otra parte, ha precisado que las peticiones JPD y UPF "no significa que estén jaleando a los jueces para que hagan un desbordamiento del actual marco normativo, sino que se mantengan en sus límites con una interpretación de las normas, acorde a la actual realidad social".
Mientras tanto, ha recalcado que el poder legislativo y el Congreso de los Diputados "debe afrontar con valentía las modificaciones normativas que sean necesarias para que salgamos de la crisis lo menos mal parados posibles".
En similares términos se ha expresado el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales y delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Cataluña, Emilio Sánchez, quien ha precisado que los jueces "nunca van a ir más allá de la Ley, sino que la aplicamos desde un principio de equidad". Por ello, ha dicho que "donde la Ley no alcanza, sugerimos a los poderes públicos posibles vías para que la normativa cambie".
