Actualizado: miércoles, 15 julio 2015 18:56

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El borrador de la nueva ley antiterrorista egipcia --que, entre otras cosas, amplía la definición de "acto terrorista" y prohíbe a los periodistas informar de datos que contradigan la versión oficial de los atentados-- constituye un "golpe mortal a los Derechos Humanos", según ha denunciado este miércoles Amnistía Internacional.

La controvertida ley, que se debate este miércoles en el Parlamento, fue presentada por el Consejo de Estado después del atentado de un coche bomba el 29 de junio, que acabó con la vida del fiscal general egipcio y una serie de ataques en el norte del Sinaí, que se saldaron con la muerte de 17 agentes de las fuerzas de seguridad.

"La propuesta de ley antiterrorista amplía considerablemente el poder de las autoridades egipcias y amenaza los derechos de libertad de expresión, reunión y asamblea pacífica", ha manifestado en un comunicado el subdirector del programa de Amnistía Internacional en Oriente Próximo y el norte de África, Said Boumedouha, que ha añadido que "de ser aprobada, se convertirá en una herramienta más para que las autoridades aplasten cualquier forma de disidencia".

Una de las medidas más controvertidas que se incluyen en el borrador es la pena de hasta dos años de cárcel a la que podrían enfrentarse los periodistas que publicaran datos sobre atentados que no se correspondieran con la versión oficial. Para Boumedouha, esto no se trata más que de "un esfuerzo de las autoridades por chantajear e intimidar a los periodistas".

Además de otorgar más poderes al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, el proyecto de ley también permite a las autoridades tomar medidas más propias de un estado de emergencia. "Una de las razones principales por las que el pueblo egipcio salió a la calle en 2011 fue para abolir el estado de emergencia de 30 años impuesto por Hosni Mubarak", ha recalcado Boumedouha, que ha instado a las autoridades egipcias a retirar el borrador o a revisar en profundidad el texto.

Desde las protestas de 2013 contra el presidente islamista Mohamed Morsi han sido muchos los grupos y asociaciones por los Derechos Humanos que han acusado al Gobierno egipcio de Al Sisi de aumentar las ataques a las libertades ciudadanas.

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